Nuevos recortes para los funcionarios

Los funcionarios del Estado verán congelado su sueldo por tercer año consecutivo. Así lo han anunciado los principales sindicatos de la función pública después de la reunión que han mantenido con representantes de la Secretaría de Estado de las Administraciones Públicas. El Gobierno les ha comunicado además su intención de mantener las dos pagas extra de 2013 y de congelar la oferta de empleo público. Los sindicatos han mostrado su enfado por lo que consideran «una nueva vuelta de tuerca» sobre un colectivo «que vuelve perder poder adquisitivo y a ser el pagano de esta crisis».

En los últimos años los funcionarios han visto mermado de forma notable su poder adquisitivo. En mayo de 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió bajarles el sueldo en un 5% de media. Con posterioridad han visto cómo su salario quedaba congelado en dos años consecutivos (2011 y 2012), y cómo el pasado mes de julio el Gobierno de Rajoy decidía, además de suprimir la paga extra de Navidad, reducir el número de días de libre disposición, los llamados 'moscosos'.

Las líneas maestras del proyecto de Ley de Presupuestos para 2013 -que será aprobado hoy en Consejo de Ministros- dibujan un panorama de nuevos recortes generalizados en los servicios públicos. A la declarada intención del Gobierno de congelar por tercer año consecutivo el sueldo de los funcionarios, se suma la paralización de cualquier oferta de empleo público para el año que viene.

Además, se reducirá la tasa de reposición, que garantiza el relevo de parte de los funcionarios que desarrollan su trabajo en sectores específicos -en concreto, los de Sanidad, Educación y lucha contra el fraude- y que se jubilan. Hasta ahora, esa tasa estaba situada en el 10%, pero el Gobierno lo fija ahora como un techo máximo que puede ser rebajado.

«De esta manera tampoco están garantizados los servicios básicos, puesto que da margen a las administraciones a establecer una tasa de reposición menor. Esto se traducirá en menos médicos, menos maestros, menos bomberos, menos policías y, en definitiva, una peor calidad de los servicios públicos», critica Miguel Borra, presidente del CSI-F, sindicato mayoritario en la función pública.

Además de por el fondo, los sindicatos se quejaron amargamente por las formas de la reunión mantenida con los emisarios del ministerio de Hacienda, encabezados por la directora general de la función pública, Carmen Sánchez-Cortés. «Es algo bochornoso que se nos convoque pero sin ningún papel. Todo ha sido al dictado, y burlándose del derecho a la negociación colectiva», denunció Enrique Fossoul, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras.

Supresión de prestaciones

Por eso, los representantes sindicales no pudieron concretar algunas de las otras líneas de actuación del Gobierno respecto al sector público contempladas en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales. Por ejemplo, la supresión de algunas prestaciones sociales para los mutualistas del Muface: pensiones de viudedad anteriores a 1984 de clases pasivas o la retirada de complementos de mínimos en la pensión al personal del servicio exterior, a los que además no se les pagará el viaje que hasta ahora se les costeaba para pasar la Navidad en España.

Las centrales cifran en hasta medio millón el número de empleos públicos que se perderán con los recortes que plantea el Gobierno, y con la próxima aprobación del real decreto que regula el despido de los funcionarios, y que actualmente está en fase de estudio por el Consejo de Estado. «Hay que pasar definitivamente la página de los recortes para entrar en la reforma integral de las administraciones públicas. Hay que hacer un plan de recursos humanos que sirva para modernizar nuestras administraciones», emplazó Borra.

Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de UGT, María del Carmen Barrera, denunciaba al término de la reunión que «hemos asistido a un acto de no negociación, simplemente lo que han hecho ha sido comunicarnos sus intenciones». Pese a la promesa de respetar las dos pagas extra del año que viene, los sindicatos no se fían del Gobierno, «porque ya el año pasado mediante un real decreto decidió suprimir la extra de Navidad». «Además -se quejan-, nadie nos dice cómo ni cuándo se va a recuperar esa paga».

Mientras debaten la posibilidad de convocar una huelga del sector público «que tenga la mayor repercusión posible», las centrales animan a los trabajadores públicos a seguir con el calendario de movilizaciones en toda la geografía nacional. La más inminente y significativa, la que tendrá lugar mañana frente a la sede del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la madrileña calle de Alcalá.