La Fiscalía archiva la denuncia del PSOE contra el PP por financiación ilegal

La denuncia interpuesta en la Fiscalía Provincial de Cádiz, en el mes de enero, por el Partido Socialista de Chiclana contra el Partido Popular, por una supuesta financiación ilegal del partido y extorsión, ha sido archivada por la Fiscalía al no observar indicios constituyentes de delito.

Ante esta conclusión, el secretario del PP local, Andrés Núñez, afirmó que el PSOE «ha hecho otra vez el ridículo en el afán de hacer daño al Partido Popular». Por eso, agregó que si fueran «políticos con un mínimo de vergüenza, lo único que cabe es que dimitan de manera inmediata».

En concreto, los populares pidieron el cese de los concejales socialistas que «alentaron» la denuncia contra ellos: José María Román, Cándida Verdier, Joaquín Páez, Manuela Moreno e Isabel Fuentes, actual secretaria de Igualdad de la formación local. Según Núñez, «ellos están en la política para difamar, no para velar por los ciudadanos».

La chequera del empresario

La denuncia realizada por el PSOE de Chiclana ponía en conocimiento de la Fiscalía Provincial una presunta financiación ilegal en junio de 2007, coincidiendo con las elecciones municipales. Para ello, entregaron como pruebas «una copia de la chequera del titular de la cuenta (Joaquín Garat) con presuntas anotaciones del vencimiento y cantidades, así como pagarés que se entrega a una concejala del PP, todo ello firmado por dicho empresario local», según dieron a conocer el 19 de enero.

Además, según explicaron los socialistas por aquel entonces, fue el propio empresario del sector turístico el que se puso en contacto con ellos para comentar el hecho. Y, en cuanto a la cantidad que supuestamente habría recibido el PP, el socialista Joaquín Páez comentó que, según la documentación con la que contaban, «hay dos pagarés que alcanzan los 23.000 euros y que ya han sido cobrados por el PP y otros dos pagarés con la misma cantidad, cuyo vencimiento era posterior a la fecha del documento». Añadiendo también que quienes habrían recibido el dinero eran «una concejala y el actual alcalde».

Sin pruebas de delito

Para desmontar estas suposiciones, según la resolución que hizo pública ayer el PP local, se basan en que el empresario local, Joaquín Garat Ojeda, «no recuerda a qué persona concreta le entregó los pagarés» y, por su parte, los ediles populares Ernesto Marín y María Luisa Guerra «de manera firme y contundente negaron en todo momento no siquiera haber recibido esos pagarés».

Asimismo, la investigación del fiscal pone de relieve que la entidad bancaria «puso de manifiesto cómo los referidos cheques no habían sido presentados para su cobro».

En referencia a Joaquín Garat, en el decreto queda constancia de que no hay indicios de que el empresario haya recibido «un trato de favor o beneficio por parte del Ayuntamiento ni tampoco de los representantes del Partido Popular». Además, también recoge el texto que si hubo entrega de pagarés «fue libre y voluntaria», por lo que no existe extorsión.

En último lugar, en el hipotético caso de que los pagarés hubieran sido cobrados por el PP, el fiscal expone que la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos «se permiten las donaciones privadas, siempre que las mismas se sujeten a los requisitos en él expuestos».

Proceso por injurias y calumnias

Ya en el mes de enero, frente a las acusaciones al respecto vertidas por el PSOE en distintos plenos, los populares iniciaron un procedimiento judicial por injurias y calumnias contra el Partido Socialista. Según explicó Andrés Núñez, actualmente «la denuncia sigue su curso», aunque ya han añadido la resolución de la Fiscalía Provincial de Cádiz.

A este proceso, por el que varios concejales socialistas podrían enfrentarse desde a multas económicas como a condenas privativas de libertad, «se suma otra causa abierta que aún tienen Cándida Verdier y Manuela Moreno por falta de amenazas en los hechos que denunciaron contra Agustín Díaz», agregó el secretario del PP. Así, añadió que ambas causas han «terminado la fase de instrucción y están pendientes de saber si pasan a fase de juicio o no».