Griñán y Chaves eluden tener relación con los ERE

Sin sorpresas. La comisión parlamentaria que investiga el presunto fraude de los ERE en Andalucía cerró ayer sus trabajos con las comparecencias del presidente autonómico, José Antonio Griñán, y su antecesor, Manuel Chaves. Ambos defendieron el sistema de ayudas a empresas en crisis, implantado en 2001, y aseguraron que nadie advirtió de que hubiera fraude o menoscabo de los fondos públicos, por lo que ciñeron cualquier responsabilidad de lo ocurrido a los «abusos individuales». Una tesis que, por tanto, pone el foco solo en el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, encarcelado por esta causa, y su entorno.

Ambos negaron la mayor: el procedimiento que amparaba la concesión de ayudas era legal, y benefició a muchas comarcas y sectores. «Decir que se trataba de un programa opaco o de un fondo de reptiles, cuando estaba recogido en los Presupuestos, no solo es desmesurado sino una falsedad», llegó a asegurar Chaves. Cualquier modificación presupuestaria se ajustaba a la norma, por lo que «en ningún momento el Consejo de Gobierno conoció, avaló o amparó ninguna medida irregular o ilegal».

El supuesto fraude, dijo el expresidente, se produjo por una «utilización abusiva» del procedimiento, de ahí que no se pueda establecer una relación causa-efecto entre el sistema de ayudas y su aplicación. Sí reconoció que el procedimiento «tenía un amplio margen de discrecionalidad», aunque eso no suponía ninguna ilegalidad. Es más, Griñán apuntó que las ayudas -cuyo grueso se concentró en una pequeña comarca sevillana y en empresarios afines al PSOE, según la investigación policial- recayeron en su mayoría en «personas que tenían derecho a ellas, con independencia de su militancia política o sindical».

Tanto Chaves como Griñán coincidieron también en reiterar que no saltaron las alarmas, o al menos no eran tales y además no llegaron a ellos, que no tenían que estar al cabo de las miles de gestiones diarias de todas las consejerías. Según el presidente Griñán, consejero de Hacienda desde 2004, «nadie sabía en el año 2005, 2006, 2007 y 2008 que se estaban produciendo irregularidades y nadie las denunció». Es más, consideró que se trataron de simples discrepancias o reparos a la aplicación del sistema.

«¿Cómo se encaja que Intervención alertara de irregularidades y luego informara favorablemente sobre las ampliaciones de crédito para esa partida?», preguntó Griñán a los miembros de la comisión, «si hubiera detectado irregularidades habría puesto en marcha inmediatamente los procedimientos adecuados». Chaves, por su parte, incidió en que «quien tenía que avisar no lo hizo», y defendió la labor de sus equipos de gobierno en todo este tiempo.