La tarifa eléctrica doméstica bajará el 1 de octubre algo más del 2%

La tarifa de la luz que se aplica a los consumidores domésticos en régimen regulado -unos 20 millones de usuarios, excluidos los beneficiarios del bono social- bajará entre el 2,1% y el al 2,2% el próximo 1 de octubre.

Es una alegría matizada, porque la mayoría de los usuarios está pagando mes tras mes el recargo por la refacturación que realizan las compañías para compensar la congelación de meses atrás, que fue anulada por varias sentencias del Supremo. Tampoco hay que olvidar que, en lo que va de año, se han aplicado alzas del 7% en abril y del 4% el pasado julio y que el IVA eléctrico se incrementó desde el 18% al 21% el 1 de septiembre pasado.

El Ministerio de Industria acompañó el anteproyecto de la última y parcial reforma eléctrica con el anuncio de que ya no piensa intervenir en la TUR. Para determinar la variación de esta tarifa se toman en cuenta, al 50%, la evolución del precio de la electricidad en las subastas trimestrales donde se abastecen las comercializadoras, y los llamados 'peajes de acceso' o parte regulada. Estos últimos incluyen desde los costes del sistema de distribución y del transporte hasta las primas a las renovables, las ayudas al carbón, la compensación del déficit acumulado (incluido el pago de intereses) y otras varias compensaciones.

En la subasta mayorista celebrada ayer el precio de la electricidad descendió el 4,6%. Es habitual que aumente en primavera y también a finales de año. Puesto que los peajes no se modifican, la rebaja para los consumidores domésticos será equivalente a la mitad de ese porcentaje, y así lo ratificó el ministro de Industria.

José Manuel Soria comentó que se trata del primer descenso que se aplica a la factura de los consumidores domésticos desde que existe la tarifa de último recurso (TUR), creada en julio de 2009 para acompañar la extensión del proceso de liberalización eléctrica. En los últimos años, el Gobierno ha venido utilizando los peajes como mecanismo de compensación: cuando el coste de la energía caía, el Ejecutivo aprovechaba para elevar la parte regulada, y viceversa.

Sobre los consumidores domésticos pende, además, otra advertencia. En una segunda fase de la reforma eléctrica, un proyecto que acaba de iniciar su tramitación en el Congreso, es idea del ministerio de Industria sacar del régimen de tarifa, para que se vean obligados a contratar en el mercado, a los usuarios que tienen suscrita mayor potencia. La TUR protege ahora a los clientes con potencia contratada igual o inferior a los 10 kilovatios.

Déficit acumulado

Para encontrar rebajas sustanciales anteriores al régimen de la TUR hay que remontarse bastante atrás, concretamente hasta el año 2002. El recibo de la luz había ido subiendo de forma continuada para los hogares entre los años 1973 y 1996. Un Gobierno socialista congeló las tarifas para ese último año, y en 1997, el primer gabinete Aznar suscribió con las empresas un protocolo eléctrico. A cambio del reconocimiento de los Costes de Transición a la Competencia (los polémicos CTC), las tarifas iban a bajar el 1 % anual hasta 2000.

Así, la factura eléctrica de las familias bajó el 1 % en 1997, pero el descenso ya fue del 3 % en 1998, del 2,5 % en 1999 y del 2,11 % en 2000. Las compañías aceptaron mal que bien estos recortes para que salieran adelante los CTC y su luego fracasada 'titulización' (venta de los derechos de cobro en los mercados).

A mediados de 2000 anunció el Gobierno del PP un compromiso de rebajar la tarifa eléctrica doméstica un 9 % en los tres años siguientes. No llegó a cumplirlo. En 2001 aplicó un fuerte recorte del 4 % (la media bajó ese año un 2,2 %) y en 2002 se limitó a mantener sin cambios el precio de la luz para los hogares. El sistema de reconocer los costes de generación sin permitir su repercusión en la tarifa dio origen a un déficit eléctrico que si bien se pudo controlar inicialmente

Desde entonces se han producido continuadas subidas -en la última etapa a ritmo trimestral-, con las excepciones de la congelación aplicada en julio de 2011 y en el primer trimestre de 2012. Los consumidores están pagando con retraso las consecuencias de estas últimas decisiones. El Supremo las anuló, a instancias de las eléctricas, cuyos recursos admitió y en los recibos de los últimos meses se aplican recargos por refacturación.

En concreto, esta revisión se aplica de forma prorrateada entre agosto y diciembre, y supone un alza del 7% en el recibo de la luz.

Para atajar un déficit acumulado que asciende a 24.000 millones, y que hubiera seguido subiendo al ritmo de 6.000 millones por año, las propuestas de reforma van a afectar, según anunció el Gobierno, a consumidores, compañías y al Presupuesto del Estado. Habrá futuros aumentos, aún por determinar.