Griñán afirma que el interventor general no advirtió de fraude

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha querido dejar claro este martes, durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE) del Parlamento, que no ha tolerado ni tolerará "jamás una irregularidad" y que solo espera que la justicia "haga su trabajo", al tiempo que ha defendido la legalidad del procedimiento de concesión de ayudas sociolaborales, aunque pudiera ser "manifiestamente mejorable", apuntando que el interventor general nunca advirtió de "fraude ni de mala utilización de recursos públicos".

"El interventor no sabía que había menoscabo de fondos públicos", ha sentenciado Griñán, quien ha puesto de manifiesto que a él nunca le llegaron los "informes de la Intervención" en su etapa como consejero de Economía y Hacienda. "Nadie sabía en el año 2005, 2006, 2007 y 2008 que se estaban produciendo irregularidades y nadie las denunció", ha sentenciado Griñán, quien ha expresado su coincidencia con las afirmaciones acerca de la legalidad del procedimiento que el expresidente Manuel Chaves ha hecho también este martes en la comisión de investigación. Ha querido dejar claro además que el Gobierno andaluz, en ningún momento, ha mirado para otro lado ni ha pretendido tapar ni justificar el fraude que se haya podido cometer en la concesión las ayudas sociolaborales, sino que fue el primero en acudir a la justicia para denunciar los hechos y colaborar para su esclarecimiento. "Esa es la tranquilidad total de conciencia con la que comparezco en esta comisión", ha apuntado.

José Antonio Griñán también ha aprovechado para denunciar el "juego sucio" del PP, ya que no ha dudado a la hora de utilizar estos hechos para poner en marcha una "causa general" y no le "ha importado hacer política en el juzgado ni judicializar la política en el Parlamento, a través de informaciones que se han demostrado "inciertas en esta comisión". José Antonio Griñán ha manifestado que ha quedado demostrado que el programa presupuestario 31L (ayudas sociolaborales) era aprobado año tras año por las respectivas leyes del Presupuesto. Ha agregado que frente a la acusación permanente de que las transferencias de financiación eran ilegales, ha quedado claro que el "procedimiento era y es perfectamente legal y contaba con el respaldo de cada ley del presupuesto".

Según Griñán, frente a la acusación de que las ayudas sociolaborales, "que no son subvenciones", se destinaban a beneficiar a militantes del PSOE, se comprueba que la inmensa mayoría de los beneficiarios "tenían derecho a ellas, con independencia militancia política o sindical" y frente a la afirmación de que los fondos no se sometían a control, "a mí me ha quedado demostrado que siempre estuvieron al sujetos al control de la Intervención, que nunca detectó, como dijo el interventor, ni fraude ni menoscabo de fondos públicos ni reparos de legalidad".

Discrepancia del interventor

A su juicio, es evidente que si el interventor hubiera detectado las irregularidades "habría puesto procedimientos adecuados en marcha de forma inmediata". "No me diga que el interventor conocía las irregularidades porque no es verdad y solo emitió discrepancia con el procedimiento, que se puede resolver de muchas maneras", ha expresado Griñán a la diputada de IULV-CA Alba Doblas.

Ha recalcado que en cuanto hubo algún indicio de que había situaciones que podían ser constitutivas de delitos, el Gobierno andaluz fue el primer denunciante de posibles y determinadas irregularidades en los juzgados. "Investigamos, denunciamos, colaboramos y nuestro fin último ha sido y es restituir los fondos que hayan sid