Chaves admite «cierto margen de discrecionalidad» en la concesión de las ayudas

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha defendido hoy la legalidad de todas las decisiones adoptadas por su Consejo de Gobierno en relación a las ayudas a empresas en crisis, el conocido como 'caso ERE'. "En ningún momento el Consejo conoció, avaló o amparó ninguna medida irregular o ilegal", ha apuntado. No obstante, ha reconocido que pese a la legalidad del procedimiento, éste tenía un "amplio margen de discrecionalidad".

Chaves ha comparecido en la última sesión de la comisión parlamentaria que investiga el presunto fraude de los ERE y las ayudas irregulares a empresas durante la década 2001-2010, y allí ha defendido que el procedimiento que amparaba la concesión de las mismas -que está siendo investigado en los juzgados- era completamente legal. Y ha enmarcado ese procedimiento en la necesidad de paliar el paro en comarcas y sectores duramente castigados por el desempleo. "Hablar de programa opaco o de fondo de reptiles no solo es desmesurado sino una falsedad", ha argumentado indignado.

En este sentido,ha admitido que como presidente no tenía por qué conocer todas y cada una de las medidas que se adoptan en cada organismo o entidad de la administración, aunque todas las que llegaron al consejo de gobierno venían respaldadas por los preceptivos informes y avales legales. "Confío plenamente en mis consejeros y en que hicieron lo debido", ha dicho, para poco después defender expresamente la presunción de inocencia de su consejero de Empleo Antonio Fernández, encarcelado por este caso y que quedó en libertad recientemente tras abonar una fianza de 450.000 euros.

Chaves ha llegado a decir que se ha enterado de todos los pormenores del caso por las noticias aparecidas en prensa, y ha repetido que la Cámara de Cuentas, en los informes de fiscalización emitidos durante 10 años, nunca advirtió "de fraude de ley o menoscabo de fondos públicos". También ha hecho referencia a las alertas formuladas por Ia Intervención General en al menos 15 ocasiones, asegurando que nunca tuvo conocimiento de dichos avisos y que, en cualquier caso, no eran informes de actuación, que hubieran obligado a adoptar medidas contundentes. "Quien tenía que avisar no avisó", dijo, unas palabras que desde el PP interpretan que hacen alusión a su entonces consejero de Economía, José Antonio Griñán, al ser el departamento que debía recibir esos informes.

Griñán, el siguiente

De esta forma, el expresidente ha tratado de concentrar toda la responsabilidad en abusos individuales, en clara alusión el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, encarcelado por este caso. "Soy consciente de que ha podido haber presuntamente una utilización abusiva", dijo en referencia a las ayudas millonarias concentradas en una comarca determinada y en empresarios afines al PSOE. Eso sí, ha matizado que no se puede establecer una relación causa-efecto entre el procedimiento y su aplicación y que nunca dio directrices u ordenes a los consejeros u otros cargos del escalafón para conceder determinadas ayudas o beneficiar a miembros de su partido. "La discrecionalidad no es incompatible con la legalidad", ha llegado a decir.

A la conclusión de su intervención, una de las más esperadas porque fue aplazada en la primera tanda de comparecencias, el PP ha criticado su discurso exculpatorio y ha lamentado que no haya aceptado su responsabilidad en el caso, "que está clarísima". "Chaves ha defendido a capa y espada un procedimiento que ha supuesto una corrupción generalizada", ha criticado el portavoz parlamentario Carlos Rojas. La comisión se reanudará esta tarde con la intervención del actual presidente andaluz, José Antonio Griñán.