El derecho al techo

Toda persona tiene derecho a un nivel adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y los servicios sociales necesarios; …». Dice así el artículo 25 de entre los treinta que componen la vigente Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada solemnemente por la ONU el 10 de diciembre de 1948 en Paris tras un largo y concienzudo proceso de redacción. No participó ningún miembro del Estado español pues entonces la Comunidad Internacional sólo reconocía la legitimidad republicana cuyas instituciones provisionales se reunían en México y a las cuales representaba Victoria Kent en la Organización de las Naciones Unidas, pero ya nuestra Constitución de 1978 asume plenamente en su artículo 10 ese documento básico de la democracia moderna, y como consecuencia en el 47 establece: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», aunque sin determinar mecanismos que lo garanticen, revelando así una imperfección reguladora frente a la especulación y a la codicia financiera.

En la ciudad de Cádiz la necesidad de vivienda “digna y adecuada” afecta a unas 3.200 familias, esta cuestión debiera resolverse, en coherencia con las políticas avanzadas de vivienda pública, mediante alojamientos en régimen de alquiler proporcional a los ingresos de la unidad familiar. Ya que se cuenta con un censo de 5.473 viviendas desocupadas según datos del Plan General, la solución a la demanda social no exige la construcción de más viviendas, sino una gestión inteligente y eficaz del patrimonio edificado, así como su rehabilitación constructiva, funcional y energética, para garantizar las condiciones de vida que el mandato constitucional apunta. Para ello la Junta de Andalucía creó la Oficina de Rehabilitación, pero ya ésta se ha transformado en una administración muy burocrática y mal gestionada cuyos procedimientos se asemejan a las actuaciones de la promoción lucrativa. Es preciso cambiar objetivos empresariales por finalidades políticas, y también sustituir a los gestores que hayan mostrado escasa sensibilidad social. La vivienda es ahora competencia asumida por la izquierda a la cual el electorado ha confiado la gobernabilidad progresista de Andalucía. Los líderes de IU han de asumir su responsabilidad, ellos deben tener muy claro que toda persona tiene derecho a encontrar cobijo en una casa, la casa: en palabras de Cela, «esa tierra ordenada en la que el hombre se guarece cuando la tierra tiembla para seguir amándola».