Pais Vasco y Cataluña consideran la nueva ley «un ataque directo»

A dos de las comunidades con lenguas cooficiales no les ha gustado nada el anteproyecto de la Lomce. Euskadi y Cataluña, una en plena precampaña electoral y la otra en plena semana de efeverscencia nacionalista, cargaron con dureza contra el plan del Gobierno central. La más contundente fue la consejera vasca de Educación, Universidades e Investigación. Isabel Celaá pidió directamente la dimisión de José Ignacio Wert porque «no es capaz de gestionar la educación». «La ley destila pura ideología conservadora y recentralizadora, y supone un ataque directo contra el autogobierno llevado a cabo por la puerta de atrás y sin ningún respeto por las comundades», apuntó la consejera vasca en un duro comunicado. «Está claro que el ministro Wert desconoce el funcionamiento del Estado autonómico y no tiene ningún respeto por las comunidades. Debería dejar paso a otra persona mejor cualificada para gestionar la Educación, capaz de dialogar y llegar a acuerdos», señaló Celaá. En el mismo sentido se expresó Josep Antoni Duran i Lleida. El portavoz de CiU en el Congreso criticó al Gobierno porque «se carga radicalmente el Estado de la autonomías en educación». La consellera de Educación, Irene Rigau, calificó de «inaceptable» y supone una «ofensiva total» contra la estructura fijada por el Estatuto.

Los partidos de la oposición tampoco escatimaron críticas a la sexta reforma educativa en democracia. «Es una cortina de humo», explicó el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, quien seguró que para mejorar el sistema educativo no se necesitan nuevas evaluaciones sino «más becas, recursos y profesores». El número tres del principal partido de la oposición recordó en que en los últimos nueve meses el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha rcortado 5.000 millones, lo que supone una caída del 20% del gasto en este apartado. «Estos recortes nos llevan al año 1987, 25 años atrás en educaciçon en nuestro país», apuntó López. Asimismo, consideró que la ley es «profundamente ideológica y que valida la segregación de sexos a pesar de las sentencias del Tribunal Supremo en contra.

Por otra parte, el área federal de Educación de Izquierda Unida avisó de que las 27 páginas que componen la «contrarreforma» educativa suponen una vuelta al modelo educativo «tardofranquista, elitista y segregador», además de «dar al traste» y condenar al fracaso social y escolar a varias generaciones de alumnos.

En cuanto a las asociaciones de padres, división de opiniones. La Confederación de Padres Católicos (Concapa) calificó de «buena» la reforma educativa, mientras que la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (Ceapa), mayoritaria en la pública, considera que es «innecesaria». Así lo reflejaron los presidentes de Cocapa y de Ceapa, Luis Carbonell y Jesús María Sánchez, respectivamente, después de que Wert anunciara el anteproyecto. Carbonell consideró que la reforma contribuirá a mejorar el problema del abandono escolar ya que la reforma establece evaluaciones continuas.

Dichas evaluaciones permitirán conocer la trayectoria del alumno, según Carbonell, quien también ve positivo que se prevea la reducción de asignaturas y se centren en el reforzamiento de las asignaturas «instrumentales», como las matemáticas. «Se han puesto las bases para no estar a la cola de Europa en materia educativa también se plantea la importancia de los idiomas», dijo Carbonell a Efe. Sin embargo, el presidente de Concapa explicó que le «preocupa lo que no hay en el anteproyecto» y que en secundaria solo se ha cambiado el nombre de la asignatura «Educación para la ciudadanía» cuando «mejor hubiera sido eliminarla».