El TC admite los recursos de Andalucía por los ajustes en sanidad y educación

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos que presentaron los gobiernos de Andalucía y de Asturias contra los decretos en los que se plasmaron los principales ajustes sanitarios y educativos.

El Gobierno andaluz recurrió el pasado mes de junio al Constitucional contra el decreto del Ejecutivo central que incluía los ajustes en el ámbito sanitario al considerar que esa norma atenta contra un artículo de la Constitución y cuatro del estatuto de autonomía. Semanas después, recurrió también al Constitucional, por los mismos motivos, los recortes en el ámbito educativo.

El recurso andaluz, admitido a trámite por el Constitucional, se refiere a aspectos concretos del decreto, como el incremento del horario lectivo (20 horas como mínimo para el profesorado de Secundaria frente a las 18 que se dedican en Andalucía .

En nombre de la institución autonómica, la consejera de Educación, Mar Moreno, valoró ayer la decisión del alto tribunal como un «paso adelante» en su objetivo de «seguir defendiendo la escuela pública y evitar los recortes del Gobierno», y subrayó que «estamos comprobando cómo por primera vez en toda la historia democrática del país la escuela pública está perdiendo profesorado y perdiendo servicios», por lo que «la admisión a trámite supone un paso adelante, aunque el TC no entre en el fondo, para poder defender los postulados de la Junta».

El PSOE-A expresó su «satisfacción» tras conocer la decisión por boca de su secretaria de política institucional, Verónica Pérez.

En nombre del Partido Popular de Andalucía, Carolina González Vigo, coordinadora de política municipal, dijo que la decisión le parece «lógica» porque se trata de «un paso más» del proceso judicial. «El PP-A respeta todo los autos y decisiones que en un momento dado vayan tomando los tribunales y en este caso no podía ser de otra manera», recalcó tras restar importancia a esta decisión. El TC «no ha dicho más de lo que ha dicho, admitir a trámite como parece lógico que no iba a ser de otra manera».

Comisiones Obreras señaló que se trata de un «paso importante» para «no acabar con uno de los derechos básicos de la ciudadanía, el acceso a un sistema sanitario de calidad y en igualdad de condiciones para todas las personas».