La Defensora del Pueblo reclama reformas legales para combatir la trata de personas

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, reclamó ayer una mejora en la identificación de las víctimas de las redes trata de personas, evitar su situación sea tramitada como inmigranción ilegal y revisar los criterios de asilo para que puedan vivir a salvo de los grupos delictivos y colaboren en la persecución de los mismos.

Soledad Becerril realizó estas propuestas en la presentación del informe 'Trata de seres humanos en España: víctimas invisibles'. El documento destaca la «dificultad de detectar el problema y diagnosticarlo porque la mayoría de las víctimas, que son mujeres, no se muestran ante la sociedad». El perfil de la persona en riesgo de caer en estas redes, en su mayoría de explotación sexual, es de mujer rumana de entre 18 y 32 años o brasileña de entre 33 y 42 años. A la exclavitud sexual se une el trabajo forzoso, en lo que destacan las redes orientales.

Para Becerril, uno de los problemas es que las acciones contra las redes se reducen a la lucha contra la inmigración ilegal, al orden público o la delincuencia organizada. Según el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, en 2011, de las 14.370 personas en situación de riesgo de caer en una de estas redes en España solo fueron identificadas 1.082. Los investigadores pidieron a 763 de estas personas que colaborasen para desmantelas los grupos mafiosos, pero 680 lo rechazáron y solo 98 accedieron.

Testimonio acusador

Becerril propone que se ayude a la víctima a rehacerse tras ser liberada y que luego, superado el trauma, se le pida la colaboración. Las acusación contra los traficantes de seres humanos solo depende del testimonio de las víctimas.

La Defensora del Pueblo reclamó la redacción de un protocolo para identificar a los menores víctimas de trata, una vez constatada la ausencia de datos y la carencia de medios específicos para atenderlos en los centros de protección autonómicos. Así el informe destaca la «revictimación» por la falta de coordinación dentre la Fiscalía y los centros de protección.

Preguntada sobre las medidas tomadas por los ayuntamientos contra la prostitución callejera, Becerril dijo que lo primero es «atender a las víctimas». «Hay que considerarlas como tal, intentar ayudarlas y entiendo que los ayuntamientos tomen algunas medidas para que estas actividades tengan unas limitaciones en su desarrollo, en lugares públicos, en colegios o en lugares de mucho tránsito».