Nuevo golpe a la corrupción en Galicia en víspera de las elecciones

Nuevo golpe a la corrupción en Galicia. Esta vez a solo un mes vista de las elecciones autonómicas. Efectivos de Vigilancia Aduanera, los mismos que en mayo de 2011 desataron la 'operación Campeón, detuvieron ayer a 13 personas en el marco de la denominada 'operación Pokemon'. Entre los arrestados se encuentran el alcalde de Orense, el socialista Francisco Rodríguez, y el regidor de la localidad coruñesa de Boqueixón, el popular Adolfo Gacio Vázquez, acusados, entre otros delitos, de cohecho, prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias.

Las detenciones fueron ordenadas por la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, la misma juez de la 'operación Carioca', en la que se investiga otra red de blanqueo de capitales y prostitución en la comunidad gallega. Las diligencias de ayer, explicaron responsables del operativo, están relacionadas con varias tramas de concesiones de adjudicaciones públicas supuestamente amañadas. Además de los dos alcaldes, fueron arrestadas cuatro personas en Lugo, una en el municipio pontevedrés de Bueu, dos en La Coruña, otra más en Orense, uno en Santiago de Compostela, una en Asturias y una en Madrid.

En esa lista de arrestados figuran el nombre de Francisco Fernández Liñares, el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y exconcejal socialista en Lugo. Los funcionarios del Ministerio de Economía registraron dos despachos de la confederación, una de las instituciones bajo el escrutinio de los agentes por la adjudicación de contratos presuntamente irregulares. En los allanamientos, los investigadores se llevaron varios contratos de obras y servicios, visados por dos funcionarios en concreto.

Expedientes en Lugo

Otros de los vértices de la investigación sobre los presuntos contratos amañados fueron el Ayuntamiento de Santiago, donde fue arrestado un funcionario del servicio de contratación del consistorio; y, sobre todo, el de Lugo, donde los funcionarios de Hacienda reclamaron numerosos expedientes de la oficina de Planificación y Control de concesiones, dependiente del Servicio Municipal de Contratación.

El tercer eje de la 'operación Pokemon', que se judicializó el pasado agosto, fue el Grupo Vendex, una empresa gallega especializada en la prestación de servicios a las administraciones -tales como limpieza o grúa- y que, además, es la adjudicataria del estacionamiento regulado en varias ciudades gallegas. Efectivos del Vigilancia Aduanera registraron la sede La Coruña de esta empresa, además de otras dependencias relacionadas con esta conocida firma. Dos de los responsables de Vendex fueron detenidos.

Francisco Rodríguez, que es alcalde de Orense desde 2007 y que gobierna en coalición con el Bloque Nacionalista Galego, fue arrestado a la salida de su domicilio y, enseguida, trasladado en un coche policial a una comisaría de Pontevedra en régimen de incomunicación. Su abogado se personó en las dependencias policiales, sin poder asistir a su cliente. El regidor orensano, según fuentes del caso, prestará declaración en el Juzgado de Instrucción número uno de Lugo hoy. Entretanto, la teniente de alcalde del consistorio, la nacionalista Isabel Pérez, asumió de manera interina las riendas del gobierno municipal.

La captura de Rodríguez provocó una verdadera conmoción en Galicia. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no quiso entrar en valoraciones hasta no tener más informaciones y conocer «las explicaciones del PSOE y del gobierno del Ayuntamiento de Orense». En cualquier caso, llamó a respetar la presunción de inocencia de Rodríguez.

Sorpresa

Al líder del PSdeG Pachi Vázquez, la detención del alcalde y compañero de partido le pilló por sorpresa mientras participaba en un desayuno informativo en el que esbozaba las líneas de su programa de gobierno para Galicia. «Confiamos plenamente en la justicia y confiamos plenamente en nuestro alcalde de Orense», se limitó a apuntar. «Ahora todo es muy confuso», se excusó, si bien se mostró confiado en que la justicia «pondrá las cosas en su sitio».

Los cuatro grupos municipales del consistorio orensano hicieron público un comunicado pidiendo «tranquilidad» a la ciudadanía y mostrando su «respeto a la justicia» tras el arresto de su primer edil. La Junta de Portavoces aseguró tener «confianza» en la «inocencia» de su alcalde y pidió a la «autoridad judicial que explique los motivos de la detención» y que «resuelva a la mayor brevedad posible este asunto». A pesar de estar descabezado, el consistorio garantizó a los vecinos que las actividades de gobierno «seguirán realizándose con total normalidad» bajo la tutela de la teniente de alcalde.