al Parlamento de incluir 'intrusos'

Con más silencios que respuestas, en una tónica similar al arranque de la primer ronda de comparecencias, se reanudó ayer la comisión de investigación de los ERE fraudulentos. Sólo el responsable de Uniter, José González Matas, declaró ante las preguntas de los grupos parlamentarios. Precisamente en su intervención surgió una de las polémicas de la jornada, al afirmar que el Parlamento de Andalucía dio la «orden directa» de incluir 20 intrusos en el expediente de la Faja Pirítica de Huelva.

González Matas narró que en el año 2003 se tramitó el ERE y la correspondiente ayuda para el colectivo de trabajadores de la Bolsa de Tharsis, del sector minero de la Faja Pirítica de Huelva. En esa tramitación, 20 trabajadores de las empresas Citrasa y Sol Lepe pidieron ser incluidos en la póliza. Desechada la solicitud se dirigieron al Parlamento. «Veinte intrusos habrían sido incluidos en las pólizas por orden directa del Parlamento», aseguró el representante de Uniter.

La afirmación encontró una rápida respuesta en Ignacio García, presidente de la comisión, que interrumpió el turno de preguntas para aclarar que la Cámara «en ningún caso» puede incluir a un trabajador en una póliza. En rueda de prensa, García, que calificó de «interpretación torticera» la acusación de Matas, matizó que el Parlamento recibió la petición de los trabajadores y la derivó a la Comisión de Gobierno, Interior y Derechos Humanos, que luego decidió incluir a los trabajadores en las ayudas.

Menos extensa en el tiempo, por acogerse a su derecho a no declarar, resultó la comparecencia de Juan Lanzas. La cita de Lanzas era una de las más esperadas por su papel de 'conseguidor' en la trama de los ERE irregulares. El exsindicalista de UGT no respondió a las preguntas que escuchó con una sonrisa permanente. Sin embargo, Lanzas sí utilizó su alegato final para afirmar que no cobró «ningún concepto de empresa pública ni de ningún funcionario o autoridad», así como que no recibió encargo alguno. También reconoció «cierta amistad» con el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, y haber mantenido reuniones con cargos políticos como Gaspar Zarrías, el exconsejero Antonio Fernández y con exministros del PP como Javier Arenas. «Había conflictos en los que tenían que participar ellos», subrayó en su alocución.

Antes, el primer compareciente de la jornada fue el exrepresentante de Vitalia, Antonio Albarracín, que aseguró que su empresa mediadora -aclaró que no aseguradora-, no cobró comisiones en los ERE. A pesar de no responder a las preguntas, se sirvió de su turno para aclarar que Vitalia desconocía si existían intrusos. «Nuestro trabajo era formalizar las pólizas que encargaban los pagadores», advirtió antes de que añadir que daban por sentado que si le pedían hacerlo era porque «estaban legitimados para ello».

Polémica por la ubicación

Comparecencias al margen, la polémica de la jornada llegó por la ubicación de los grupos parlamentarios en la sala donde se celebra la comisión. Y es que antes de comenzar la primera declaración, el PP se colocó en el lugar que normalmente ocupa el PSOE, ya que entendían que salían perjudicados por los enfoques de la imagen en televisión. Una que ja que los populares ya habían manifestado en la primera ronda de la comisión.

Tras una reunión interna, con asesoramiento técnico incluido, los grupos parlamentarios decidieron mantener su habitual ubicación, después de que se corrigiera la posición de una cámara.