¿Quién rescata al rescatador?

La Diputación Provincial de Cádiz dio ayer forma definitiva a un plan de auxilio económico a los ayuntamientos en apuros, que son casi todos ahora. Este dispositivo nace para volcarse en los gobiernos municipales de menos de 25.000 habitantes que no pueden pagar sus nóminas debido a la peor crisis financiera que han conocido, al menos desde que son democráticos. La idea no puede ser más conveniente ni acertada, casi hasta convertirse en un ejercicio de responsabilidad institucional. Pero nace lastrada por un incumplimiento, el de la Junta de Andalucía. La administración autonómica adeuda seis millones de euros a la provincial en conceptos derivados del funcionamiento de centros de menores y para toxicómanos, o de ayudas sociales diversas. Esa circunstancia impide que ese fondo de ayuda a los ayuntamientos nazca con los casi nueve millones de euros previstos en fondos y no llegue a la tercera parte.

Esa falta de conexión, de coordinación y de responsabilidad de la Junta de Andalucía es la que impedirá, directamente, que todos los ayuntamientos tengan el auxilio que necesitan para ayudar, no se olvide, a los ciudadanos, a los trabajadores municipales que esperan las nóminas que se han ganado con su trabajo.

Si hubiera motivos para confiar en los dirigentes públicos, cabría pensar que la Junta de Andalucía haría un esfuerzo extraordinario para abonar esas cantidades, para engrasar este buen sistema de ayudas.

Desgraciadamente, los antecedentes más recientes, y no tanto, hacen dudar de ese cumplimiento. La máquina de ayuda y solidaridad que ha puesto en marcha la Diputación tiene menos combustible del que precisa y el propietario del surtidor está en Sevilla. Impasible.