Las deudas de la Junta podrían llevar al IMPI a cerrar en octubre
La situación generada por el gobierno autonómico pone en peligro 44 puestos de trabajo directos con una deuda de más de 800.000 euros
SAN FERNANDO. Actualizado: GuardarEl consejo rector del IMPI (Instituto Municipal de Promoción de La Isla) abordó ayer, entre otros asuntos, la dación de cuenta de los pagos pendientes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) al citado organismo municipal, lo que ha puesto en evidencia la situación por la que atraviesa este organismo autónomo.
La teniente de alcalde de Fomento, Cristina Arjona, acompañada del portavoz del Gobierno, Daniel Nieto, informaron en rueda de prensa de los impagos por parte de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento, concretamente al IMPI, y que ascienden actualmente a casi 800.000 euros.
«El IMPI con el único objetivo de no dejar ninguna factura pendiente, ha ido adelantado el dinero comprometido por la Junta a través de los distintos convenios firmados con este Ayuntamiento. Ahora vemos que la falta de pago de la administración andaluza nos ha dejado sin recursos», subrayó la edil del PP.
Paralelamente a esto anunció que el próximo día 30 de septiembre finaliza el programa Orienta y los contratos de los Alpes, «por lo que no se podrá darse continuidad a ninguno de los programas de empleo existentes en la actualidad y que forman parte de las Políticas Activas de Empleo transferidas a la Junta de Andalucía».
Ante la ausencia del personal que incorpora estos programas, el IMPI tendría que cerrar sus puertas el próximo 1 de octubre, con el consiguiente perjuicio a las empresas instauradas en el Vivero de Empresas y la puesta en peligro de 44 puestos de trabajo directos, más los indirectos, que generan estas empresas.
Por su parte el programa Orienta, que tiene su base en la orientación laboral a desempleados, puede considerarse como un requisito imprescindible para que los demandantes de empleo puedan percibir la prestación de 400 euros. Esta interrupción del Orienta tendría como consecuencia inmediata que los desempleados de la localidad, para poder acceder a esa prestación, estarían obligados a desplazarse a otras localidades para optar a los 400 euros. Además se da la circunstancia de que las ciudades del entorno de San Fernando cuentan con un cupo completo de demandantes lo que agravaría aún más el problema.