El Gobierno asegura que el 'caso Bolinaga' no abre la vía a más excarcelacionesAmaiur lamenta que la decisión del juez llegue «tarde»

Es un caso único por su gravedad; no va a repetirse y no es el primero de una campaña. No es un gesto a ETA, es una cuestión humanitaria individual y «extrema». No va a haber nuevos terceros grados de terroristas enfermos porque no hay más internos etarras en situación terminal. Los responsables de Instituciones Penitenciarias y de los Ministerios del Interior y Justicia niegan de manera tajante que la puesta en libertad de Josu Uribetxebarria Bolinaga haya abierto la espita para la excarcelación de los otros 13 reclusos que, según los colectivos de solidaridad con los presos, sufren enfermedades graves.

El departamento que dirige Ángel Yuste está tranquilo. Aseguran sus responsables que van a cumplir la promesa que hizo esta semana Jorge Fernández Díez a la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, de que el Gobierno no tiene en su agenda la excarcelación de ningún otro recluso de ETA con problemas de salud. En Instituciones Penitenciarias saben que ninguno de los informes médicos remitidos a la secretaria general por los equipos de las cárceles donde se encuentran estos reclusos apunta a que se encuentren en fase terminal, el único diagnóstico que, según Interior, podría provocar la excarcelación.

Las instrucciones a todas las prisiones son claras: ninguna junta de tratamiento propondrá la progresión de grado de un etarra, esté o no aquejado de alguna dolencia, sin consultar antes con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Yuste ya tiene fijados los parámetros para interpretar el polémico artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario, el mismo que fija que los «penados enfermos muy graves con padecimientos incurables (.) podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal».

La propuesta de progresión, a la vista de este precepto, solo se hará para presos aquejados de males «muy graves, irreversibles, incurables» y solo en los casos en los que más de un médico certifique que el recluso está en fase terminal, con una esperanza de vida de meses, no de años. Prisiones, advierte, tendrá, eso sí, que fiarse de los dictámenes de sus propios profesionales sanitarios.

Crónicas

Con estas pautas, explicaron responsables de Interior y Justicia, no habrá más excarcelaciones porque ninguno de los 13 presos citados por la izquierda abertzale está en fase terminal. Ni siquiera cerca. Es más, según los análisis de los médicos de prisiones, es cierto que la mayoría de ellos están aquejados de enfermedades crónicas, pero no son mortales. Sufren anomalías cardíacas, episodios reumáticos agudos, desórdenes mentales o cánceres que han sido tratados, por ahora, con éxito.

Técnicos de Instituciones Penitenciarias sostienen que serían «cientos, quizás miles», los presos que deberían quedar en libertad condicional si se les aplicaran los parámetros que reclaman los colectivos de familiares de presos de ETA. «Sufrir una enfermedad crónica o incurable, como la diabetes, una inmunodeficiencia o problemas cardiovasculares, no es equivalente a tener patente de corso para salir de la cárcel», explicaron ayer letrados de Instituciones Penitenciarias.

Con estas premisas, en Interior y Justicia se ven seguros de poder controlar la puesta en libertad de esos reclusos, a los que la izquierda abertzale ha convertido en su bandera. Los juristas recuerdan que el artículo 192 del Reglamento Penitenciario fija como paso previo a la libertad condicional la progresión al régimen de semilibertad -tercer grado- y esta decisión siempre será de Instituciones Penitenciarias.

En el Gobierno admiten que Instituciones Penitenciarias podía no haber progresado de grado a Uribetxebarria Bolinaga, pero entienden que ello hubiera sido incumplir el reglamento a sabiendas. Ayer, no obstante, en el Ejecutivo se respiró aliviado después de que la Audiencia Nacional confirmara la excarcelación decretada por el juez de Vigilancia Penitenciaria y, de paso, diera un espaldarazo a Interior por la decisión de conceder el tercer grado.

Un día después de la excarcelación, el mensaje desde el Gobierno, a diferencia de días pasados, fue unánime: respeto a una decisión judicial a pesar del disgusto por ver a un terrorista en el calle. Alberto Ruiz-Gallardón, el miembro más crítico del Gobierno con la decisión de Fernández Díaz, evitó la polémica. «Lo que todos tenemos que hacer es acatar las sentencias que dicta quien puede hacerlo, que es el Poder Judicial, nos guste más o menos», apuntó el ministro de Justicia.

La puesta en libertad de Josu Uribetxebarria Bolinaga supone para Amaiur una buena noticia que, sin embargo, llega «tarde» porque la situación del miembro de ETA es ya «irreversible». Así lo aseguró ayer en el Congreso el diputado de la coalición Iker Urbina, letrado que en los últimos años defendió a varios miembros de la ilegalizada Segi.

El parlamentario de Amaiur tildó de «lógica» la resolución porque desde un criterio «jurídico, médico y de respeto a los derechos humanos no cabía otro pronunciamiento». Urbina, por contra, arremetió contra la decisión de la Fiscalía de recurrir la libertad condicional. «Es una posición incomprensible y de evidente crueldad», acotó.