Fernández culpa a Blanca Alcántara de las incidencias en matrículas y comedores
Un alumno fue asignado a un centro a 14 kilómetros de su casa y la empresa concesionaria del comedor reclamó a una familia con su hija enferma 18 euros
CHICLANAActualizado:Coincidiendo con el inicio del curso escolar, la Delegación municipal de Educación, dirigida por María Eugenia Fernández, ha dado a conocer varios problemas en la escolarización y en los comedores de los centros públicos de la localidad, a los que tildó de «despropósitos de la Delegación provincial de Educación, perteneciente a la Junta de Andalucía». Acusando, principalmente, a la gestión de la anterior responsable de área, Blanca Alcántara.
Por un lado, Fernández explicó que dos familias, con tres y siete hijos, respectivamente, obtuvieron plaza en colegios distintos para miembros de la misma unidad.
En este sentido, la responsable del área municipal criticó aún más duramente el caso de un alumno que cursó el año anterior en el CEIP La Barrosa, ya que reside en una urbanización del Novo Sancti Petri, y que este año debe trasladarse hasta El Trovador, a 14 kilómetros. Tal y como explicó Fernández, «la Delegación provincial modificó en febrero la zona de influencia de este centro de manera unilateral y sin escuchar la propuesta del Consejo Escolar Municipal, dejando fuera la mitad del Novo».
La edil expresó su voluntad para reunirse con la sucesora de Alcántara, Cristina Saucedo, «porque a la fecha que estamos este tipo de problemas -en referencia a los tres casos señalados- no son difíciles de subsanar con una ampliación de la ratio».
Además, María Eugenia Fernández mencionó «el gran caos» que supone septiembre en las listas de los comedores. Según explicó, se debe a que las bonificaciones de la Junta no se hacen públicas hasta octubre, «por eso muchos no saben si matricular o no a sus hijos porque no conocen que grado de subvención les dará la Administración».
En cuanto a los comedores, la responsable municipal de Educación se refirieron a Dujonka S.L., concesionaria del servicio, ya que ésta ha iniciado un procedimiento judicial para requerir una deuda de 18 euros a una familia que había mantenido a su hija (la alumna) durante todo el curso hospitalizada, por lo que no había podido asistir a clase o al servicio de comedor.
Con esto, Fernández expresó que se ha llegado «a límites de locos», pero mostró su esperanza «en que todo va a cambiar con la nueva delegada provincial, ya que conozco su forma de trabajar».