El Gobierno intenta rebajar la carga soberanista de la manifestación

El Gobierno ni puede ni quiere menospreciar el éxito de asistencia de la marcha de Barcelona. Lo que sí pone en tela de juicio es que el sentimiento independentista fuera el motor exclusivo que empujó a manifestarse a cientos de miles de catalanes durante la Diada.

Soraya Sáenz de Santamaría y varios ministros coincidieron ayer en el Congreso en señalar que la base de la protesta habría que buscarla más en el descontento de los ciudadanos con los efectos de la crisis y, sobre todo, contra los ajustes y recortes que se han puesto en marcha.

Un argumento que, de entrada, genera un evidente riesgo político porque supone aceptar que es mejor para los intereses de Mariano Rajoy reconocer que un millón y medio de personas, según la Guardia Urbana y 600.000, según la Delegación del Gobierno, rechazan su política económica a aceptar que los catalanes se manifestaron por la secesión de España.

El día después, la gran marcha centró la sesión de control a la que se sometió el Gobierno en el Congreso. Mariano Rajoy no entró al debate, pese a que Alfredo Pérez Rubalcaba le tentó durante su cara a cara. El líder del PSOE, durante una comparecencia posterior, reclamó al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que aclare si quiere dialogar para mejorar la convivencia dentro de España o para «divorciarse».

Fuentes del Gobierno explicaron que la respuesta de Rajoy al pulso soberanista será «más España», pero evitará cualquier confrontación institucional con Cataluña y continuará prestando el mismo auxilio financiero a la Generalitat que hasta ahora. «¿Qué puede hacer Mas, plantear una especie de plan Ibarretxe? Él sabe que cualquier intento independentista se rechazará en las Cortes Generales», se preguntaba un ministro. «¿Y luego qué haría? Esta aventura tiene poco recorrido», apostilló.

Templanza

Sáenz de Santamaría reclamó templanza a la hora de analizar la manifestación e insistió en que la Generalitat de Cataluña tiene que afinar con el diagnóstico. «Creo que no conviene equivocarse en un país con cinco millones de parados; hay que saber por dónde va el mundo», acotó.

Más directa se mostró la ministra de Sanidad, Ana Mato, al achacar esta movilización callejera a la desilusión que gener entre los ciudadanos el hecho de que las reformas y ajustes no tienen efecto a corto plazo. Mato, al igual que la titular de Fomento, Ana Pastor, recalcó que la manifestación por sí sola no daña la imagen de España en los mercados porque supone un claro ejemplo de libertad. Lo que sí puede generar sensación de inestabilidad es, a juicio de ambas ministras, los llamamientos rupturistas de algunos dirigentes catalanes.

Nadie duda ni en el PP ni en el Gobierno que Mariano Rajoy volverá a decir a Mas que «no» al pacto fiscal durante el encuentro que ambos mantendrán el 20 de septiembre en la Moncloa. Una negativa que, según diversas fuentes populares, podría derivar en un adelanto electoral en Cataluña para esta primavera.

No todas las interpretaciones en el PP coincidieron. La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, opinó que el calado de la marcha demuestra la necesidad de plantear un cambio en el modelo autonómico porque después de 33 años de vigencia, ni Cataluña ni el País Vasco «se sienten mejor integradas».

«Llega tarde»

Alfredo Pérez Rubalcaba, además de demandar más concreción al presidente de la Generalitat, lamentó que Rajoy llegue «tarde» a la cuestión catalana y le pidió que no esquive un problema tan serio como el desafío soberanista. El líder de la oposición reclamó además todo el respeto para los que se manifestaron en general y para sus compañeros del PSC, en particular.

Alfredo Pérez Rubalcaba constató que las relaciones «económicas y afectivas» entre Cataluña y el resto de España están «muy deterioradas», un hecho que ha conducido a una situación muy compleja que requiere la apertura de «un diálogo» entre el Gobierno central y la Generalitat.