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'Afectados por la Hipoteca' logra retrasar dos desahucios en Chiclana

CARMEN RIVERA
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La Asociación de Afectados por la Hipoteca de Chiclana cobra fuerza ante las órdenes de desahucio que vienen recibiendo algunos vecinos en los últimos meses y que por día son más frecuentes. Hoy han sido dos familias las que han respirado al conocer que sendos lanzamientos quedaban aplazados, aunque sólo por pocos días.

El primer afectado, José Luis López, conoció a última hora de ayer que a las diez de la mañana de hoy no aparecería nadie por su vivienda de la Urbanización Las Torres, en el Coto la Campa. Gracias a las gestiones realizadas a través del colectivo de afectados, el juzgado ha recibido las alegaciones del propietario y ha determinado otros tres días para que la financiera en cuestión responda a estos argumentos. En dicho documento, José Luis expone que la deuda, refinanciada por tres entidades financieras distintas, era notificada a nombre de su madre que falleció hace casi dos años y del que ninguno de sus tres hijos tenía conocimiento. Igualmente, se mencionan en las alegaciones las “condiciones abusivas” de cada una de esas refinanciaciones que convirtieron un préstamo de 9.000 euros en 2003 en una deuda de 315.000 euros actualmente.

Después de este plazo, se iniciaría otro proceso distinto, a nombre de José Luis, que según su abogada, podría alcanzar los seis meses de duración. Para evitar perder su vivienda de Chiclana, el afectado, desempleado y sin ingresos desde hace un año y medio, ofrece a la financiera la posibilidad de embargar un piso del que dispone la familia en el barrio sevillano de Triana, que permanece deshabitado y sobre el que no pesa ninguna orden de este tipo, a pesar de estar tasado por un valor superior (285.000) que el de la costa chiclanera (115.000).

Por su parte, la familia de Paqui y José María han soportado la incertidumbre de saber qué ocurriría con ellos durante casi una hora. A las doce en , ante la presencia de familiares, amigos y vecinos allí congregados para intentar frenarlo, llegaban a las puertas de su vivienda de la calle Ceniza, en Carboneros, cuatro vehículos de la Guardia Civil y las autoridades competentes para ejecutar la orden de desahucio. Así, después de más de media hora de conversaciones entre los afectados y los representantes judiciales y de la entidad bancaria, en la que la secretaria del colectivo, Luisa Aragón, expuso una serie de artículos de la Declaración de Derechos Humanos vulnerables al llevar a cabo el lanzamiento; mediante una llamada al juez se pudo conceder a la familia un impás hasta el 20 de septiembre para poder retirar todas sus pertenencias de la vivienda.

En este tiempo, Paqui y José María, con el apoyo de la Asociación de Afectados por la Hipoteca demandarán a Bancaja “para pedir la anulación del informe pericial por estar falsificado”, ya que consideran que las fotos del documento no se corresponden con la vivienda en cuestión.