La capacidad de gestión de los representantes

España no sería tal y como es hoy, si lo que ha dicho la señora De Cospedal, se considerase algo intrínseco a la normalidad política. Hace un año Núñez Feijóo dijo lo mismo. Pero si retrotraemos el tiempo, Rajoy lo defendió en la constitución del primer parlamento de Galicia, cuando manifestó «que sin ningún género de dudas, la condición de diputado autonómico no debiera ser remunerada y lógicamente compatible con la profesión de cada uno». España sería radicalmente distinta si los elegidos en elecciones municipales compatibilizaran su profesión con la condición de concejal o la de alcalde en su caso. Por supuesto también en este caso, el ejercicio de la representación debiera ser gratuito, solo compensable con las necesarias indemnizaciones y dietas, que permitan realizar dicha función sin gasto alguno.

España sería mucho mejor de lo que hoy es, sería un gran país, donde el ejercicio de la representación política, fuera considerado como un gran honor para el que la ostenta y un acto de prestación de servicio público. España no hubiera llegado al estado de calamidad donde nos encontramos, si los parlamentos o asambleas locales y autonómicas hubieran funcionado como una Sociedad Anónima. Estas disponen de la Asamblea general, compuestas por todos los socios, con poderes soberanos. El Consejo de Administración, donde se encauzan las directrices programáticas de la compañía (sus miembros perciben indemnizaciones y dietas por asistencia). La ejecución de lo decidido por el Consejo y la gestión ordinaria se llevan a cabo por el consejero delegado y el director gerente (estos devengan un sueldo por su condición de profesionales). La equiparación de este esquema orgánico-societario, con los órganos de representación política, ya tenga naturaleza local, ya lo sea de ámbito autonómico, no sólo es posible, sino deseable. Los medios a utilizar debieran equipararse a los utilizados por las S.A.: perseverancia, austeridad, eficacia, eficiencia y racionalidad en su toma decisiones, sobre la base de encontrarse siempre mediatizados por el interés de todos y no el de unos pocos. Todo representante debe asumir como suyo la normativización del sentido común, en los términos indicados por el Código Civil, «lo que un buen padre de familia haría, en condiciones normales». Esa y no otra debiera ser la guía y motivo de la representación política. España ocuparía el lugar que merece en el panorama político y económico, sí los miembros del gobierno de la nación, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, fueren propuesto por cada presidente de corporación, de entre los mejores por sus capacidades y habilidades profesionales, independientemente de su afiliación política, porque estos si gestionan y ejecutan lo que el pueblo representado en las asambleas votan. La lealtad de los gestores debiera serlo solo con la Ley y la nación, nada de lealtades personales personalizadas en quienes promovieron su nombramiento. A éstos sí que hay que pagarlos como Dios manda.