Guerrero solicita a la juez su puesta en libertad al no poder reunir el dinero de la fianza

Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, pidió su puesta en libertad tras no poder reunir los 250.000 euros de fianza que le impuso en el pasado mes de julio la juez Mercedes Alaya.

Fue Fernando de Pablo, abogado de Guerrero, el que acudió al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para presentar el escrito, según señaló Europa Press, «al no poder hacer frente» a la cantidad fijada por la propia magistrada el pasado mes de julio. Solicitó la libertad sin fianza, además de por «no poder hacer frente» a la fianza, «por una cuestión de equilibrio y equidad» con otros personas.

Entre los distintos imputados en la causa, el pasado mes de julio, la juez dejó en libertad con cargos tanto a los exdirectores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, como al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá. Por su parte, Francisco Javier Guerrero se encuentra encarcelado en Sevilla-I desde el pasado día 10 de marzo a cuenta de su presunta implicación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Críticas cruzadas

Mientras tanto, Ana María Corredera, vicesecretaria de Organización del PP-A, criticó ayer al PSOE e IU por «no profundizar» en la comisión de investigación de los ERE fraudulentos. La popular se quejó de la lista final de comparecientes para la segunda ronda, en la que de los 122 registrados por su partido finalmente sólo serán 10 los citados. «Intentan evitar testimonios de personas que conocen la realidad de ocurrido», afirmó Corredera que reiteró en calificar de «el mayor escándalo en democracia» lo sucedido con la trama.

También desde el PSOE se criticó a su adversario político, en este caso en la figura de Juan Ignacio Zoido durante su comparecencia en la comisión de los ERE. Lo hizo Susana Díaz, consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta, quien afirmó que el presidente del PP-A «no dijo todo lo que sabía» de las prejubilaciones financiadas con fondos estatales en favor de los mineros de la Faja Pirítica de Huelva.

En cuanto al informe de la Cámara de Cuentas, uno de los documentos requeridos por la comisión para la segunda ronda de comparecencias, está en fase de alegaciones, por lo que no se sabe si finalmente llegará antes del día 20 que es cuando se reanudan las comparencias.