El PP anuncia un anticipo de 120 millones a Cataluña y la Generalitat lo desmiente
El Gobierno de Artur Mas asegura que tiene dinero para pagar las nóminas de septiembre de los funcionarios sin ayuda de nadie
BARCELONA. Actualizado: GuardarA la espera de que el Gobierno active el Fondo de Liquidez Autonómica, al que Cataluña ha reclamado 5.023 millones de euros para hacer frente a vencimientos de deuda hasta final de año, la Generalitat podría disponer en los próximos días de un anticipo de unos 120 millones para pagar nóminas y conciertos. Lo anunció ayer la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, en una entrevista en TV-3, en la que señaló que el Ejecutivo central y la Generalitat están acabando de negociar los términos del adelanto. El Gobierno catalán, aseguró, recibirá la «ayuda que necesite» para garantizar su liquidez.
Aunque el Ejecutivo catalán ha reconocido en repetidas ocasiones que tiene dificultades para llegar a final de mes, ayer salió al paso del anuncio de Sánchez Camacho y aseguró de manera categórica que dispone del dinero necesario para pagar las nóminas de septiembre. En cualquier caso, las dificultades de tesorería que atraviesa la administración catalana son de sobra conocidas y el mes pasado, por ejemplo, se vio obligada a cancelar el pago de los conciertos de julio que tiene establecidos con entidades sociales que trabajan en las residencias para la tercera edad, centros para discapacitados, enfermos mentales o drogodependientes. Ante el riesgo de que pudieran producirse nuevos impagos, el Gobierno de Artur Mas reclamó anteayer un crédito puente para dar aire a sus cuentas mientras llega el balón de oxígeno del rescate.
Camacho garantizó al Ejecutivo autonómico que en tanto no se ponga en marcha el fondo, Hacienda diseñará las medidas adecuadas para garantizar la liquidez de Cataluña. Pero el anuncio, lejos de ser recibido con alivio por parte del Ejecutivo catalán, volvió a evidenciar que las relaciones entre CiU y el PP no viven sus mejores días. «El hecho de que la señora Camacho haya anunciado ese adelanto, además por televisión, demuestra que no está al tanto de las negociaciones y que actúa de manera imprudente», expresó el portavoz gubernamental, Francesc Homs. La Generalitat insistió, como lo viene haciendo desde que solicitó el rescate, que el adelanto que pueda recibir del Gobierno español no es si no «dinero que pertenece a los catalanes».
Desde el Ejecutivo de Mas, que ni siquiera confirmaron la cifra de 120 millones hecha pública por Camacho, rechazan que este tipo de operaciones financieras que se negocian cada mes, según dijo Homs, se vendan como un regalo a Cataluña y traten de impulsar la imagen de un Mariano Rajoy salvador, que, como dice en sus comparecencias públicas, está dispuesto a ayudar a Cataluña, al igual que ha hecho con otras autonomías. Una imagen que se contrapone con la de una Generalitat pedigüeña y derrochadora como la que han pintado varios presidentes autonómicos del PP en los últimos días.
«El 'Govern' ha pedido 5.023 millones de euros, pero tal vez tendría que haber eliminado primero algunas subvenciones, como gastarse 350.000 euros en la Bienal de Venecia», dijo Camacho. «Si usted pide dinero, primero tiene que apretar las partidas un poco más», remató.
En el fondo de las desavenencias entre el PP y el Ejecutivo catalán están además las negociaciones para volver a llegar a un acuerdo en los presupuestos autonómicos -sería por tercera vez que sellan un pacto, aunque los de 2013 se antojan los más complicados para que haya entendimiento-, así como el continuo cruce de acusaciones sobre la deriva independentista de unos y la ambición recentralizadora de los otros.
Fondo de liquidación
El PSOE, entretanto, volvió a criticar la creación del Fondo de Liquidez Autonómica porque considera que no actuará como tal, sino como un mecanismo de «liquidación» de los principales servicios que prestan las comunidades, como la educación, la sanidad o los servicios sociales.
«Es un fondo de intervención que tiene mucho de ideología centralizadora del Estado español y mucho de mala economía», afirmó desde Palma de Mallorca la portavoz del grupo socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez. La dirigente socialista sostuvo que se trata de una «iniciativa preocupante» porque supondrá la intervención de las autonomías que se acojan al mismo.
