El robo de la caja
La Justicia tiene que actuar cuanto antes para aclarar la increíble desaparición de casi ocho millones de euros de las arcas del Ayuntamiento de San Fernando
Actualizado: GuardarDifícil papeleta la que tienen entre manos los responsables municipales de San Fernando con el asunto del robo de 7,8 millones de euros de la caja municipal. Ayer, el alcalde y presidente de Diputación, José Loaiza, anunció la presentación de una demanda ante el Tribunal de Cuentas contra los dos cajeros municipales imputados en el supuesto robo producido entre diciembre de 2002 y abril de 2009, es decir, contra Clemente García y María José Lebrero.
Entienden los rectores isleños que ambos tienen una responsabilidad «directa y completa» en el asunto, por lo que deben reintegrar la totalidad de la cantidad sustraída. El problema es que si ambos no lo hacen, tendrán que responder aquellos que tienen responsabilidad subsidiaria, es decir, técnicos o políticos que no hayan sido autores materiales del robo pero que en su momento no ejercieron los controles suficientes para evitarlos. De ahí que en la demanda anunciada ayer se incluya a los exalcaldes Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo, ambos del PA.
Lo delicado de la situación es que varios de los técnicos denunciados forman parte de la actual organización municipal, e incluso De Bernardo ocupa el cargo de delegado de Limpieza.
En cualquier caso, el Ayuntamiento de San Fernando, con su alcalde a la cabeza, ha actuado tal y como debía hacerlo. Con firmeza, buscando exclusivamente que este turbio asunto, que ya colea desde hace años, se aclare de una vez por todas y el dinero vuelva a donde nunca debió salir. El interés de todos los contribuyentes isleños debe prevalecer sobre cualquier otro.
Es ahora la Justicia la que tiene la palabra para esclarecer un robo que ha condicionado el día a día de San Fernando en los últimos tiempos y que de ninguna manera puede quedar impune. Si finalmente se demuestra que los dos cajeros acusados son los responsables de haber sustraído esos casi ocho millones de euros, el peso de la ley debe caer sobre ellos. Y lo que es más importante, debe restablecerse lo robado. Si no lo hicieran directamente los autores, habrán de responder aquellos que fueron claramente negligentes en su labor.