Cien años de honradez, treinta de discrecionalidad y cien de soledad

Si Andalucía fuera normal, el caso ERE hubiera certificado ya, sin necesidad de sentencia y comisión, los cien años de soledad merecidos para el PSOE. Pero Andalucía no es normal, como ustedes pueden imaginar, como tampoco respondía a la realidad ese eslogan, con el que se inundaron nuestras calles en periodos electorales pretéritos. El análisis de lo acontecido con el Frente Popular, deja mucho que desear y desmerece el rótulo que titula mi artículo. Lo peor es que la Historia se repite y con análogos compañeros de viajes, han llenado las alforjas, unos más que otros, porque llevan treinta años para caminar juntos ahora, de momento los próximos cuatro años. La discrecionalidad del poder, la soberbia y la arrogancia, son los principios y valores sobre los que Andalucía ha quedado construida en el último tercio del siglo XX y se proyectan en los prolegómenos del XXI. Lo ha manifestado el imputado Fernández, ahora en libertad provisional y no se le ha caído la cara de vergüenza, ¿quién ha dicho que el poder no es discrecional? Cara tiene para dar y repartir. Vergüenza. se la busco y no encuentro ni el rastro.

El que se autopregunta esto, para buscar la justificación, injustificable sin duda, del reparto de fondos públicos durante once años, es que pretende jugar al despiste de las gravísimas acusaciones del Auto de su señoría de 24 de abril. El antídoto natural y jurídico contra la discrecionalidad del poder y su uso arrogante, es el Derecho administrativo. Solo éste está diseñado para controlar y garantizar el cumplimiento de la ley y de los procedimientos a las distintas Administraciones públicas, posibilitando que éstas cumplan con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. El sumario de la Juez es suficientemente ilustrativo. El componente moral de todo lo acontecido, lo que se ha ido desvelando en las continuas comparecencias en el juzgado, los informes policiales, muchos de los testimonios allí vertidos y para guinda de todo ello, las comparecencias ante la comisión en sede parlamentaria, inducen a pensar que Andalucía no tiene remedio. Discrecionalidad es arbitrariedad. Es como lo de Juan palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Esa y no otra ha sido la forma de gobernar de la Junta, no en la última década, sino desde que se inició la andadura autonómica. ¿Si no por qué se incumplió, sin ningún tipo de rubor el primer Estatuto de Autonomía, que disponía la construcción de la Administración andaluza a nivel periférico, sobre la base de Administración periférica del Estado, que no era otra que la provincial, representada por las Diputaciones? La respuesta la tiene ahora el caso ERE. Para hacer realidad una Administración construida a la imagen y semejanza del partido gobernante, que pudiera ejercer el poder sin cortapisas y procedimientos, sin importarle los medios, sino sólo los fines a conseguir. Y ratifico lo dicho con la creación de la llamada Administración Institucional a través del sistema de Agencias administrativas. O dicho de otra forma, contratar a adeptos al 'Régimen' por vías distintas de las de mérito y capacidad, como exige el artículo 103 de la Constitución Española, como requisitos 'sine quanon' para la prestación de servicio en las Administraciones públicas, para después integrarlos en las diferentes Agencias, muchos de ellos contratados con niveles directivos en las antiguas empresas públicas, que al pasar a las Agencias lo hacen con los más altos niveles administrativos. El problema de ello, no es que no sean funcionarios y no sepan, ni entiendan el valor del Derecho Administrativo en una sociedad democrática y de derecho, lo malo es que puedan llegar a pensar, que la misma discrecionalidad o arbitrariedad en sus nombramientos, es el común denominador del devenir del funcionamiento de la Administración pública andaluza, ahora instituido como Administración institucional a través de un sistema de agencias. Y no es que lo diga yo, es que lo dicen cientos de autos y sentencias del TSJA.

Sigamos el relato de su señoría, que por cierto, Dios la guarde por muchos años en plenitud de facultades, porque falta le va a hacer. El Auto, al que obligo a mis alumnos leer en profundidad con todo tipo de detalles, para que sepan a lo que se enfrentaran en el futuro cuando apliquen en profundidad el Derecho del trabajo y el Derecho administrativo sancionador, si no hacen las cosas como Dios y la Ley mandan. Durante el tiempo que de forma absolutamente discrecional ejerció el poder Fernández, se concedieron ayudas por un importe de 500 millones. Se otorgaron como él mismo se ha encargado de recordarnos, arbitrariamente. La discrecionalidad en el ejercicio del poder es lo justifica y prueba, que los 500 millones se otorgaros prescindiendo total y absolutamente del Derecho. Algo asó como si dijéramos que la Ley está para no cumplirla y los procedimientos para saltárselos. O sea, disponen de 500 millones que han sacado de la esfera ordinaria de gestión de la Administración, donde impera el Derecho administrativo y el control de legalidad en la aplicación y pago por la Intervención General. Lo traspasan a una antigua agencia integrada en otra Consejería. Así no hay que dar explicaciones y ser fiscalizables en esta instancia por la Intervención. Innovación es quién 'pagaba' los expedientes que a su vez determina la Consejería de empleo. Alude el ex Interventor General que los fondos eran legales. Claro, provenían de los Presupuestos de la Junta. Pero, desde el mismo momento que son transferidos, para poder 'gobernar' esta pandilla de impresentables, que entienden que el poder es discrecional y arbitrario en cualquier esfera de la Administración, pasan a tener no solo un fin torticero, sino que queda probado el incumplimiento de los procedimientos y fiscalizaciones exigidas de forma ordinaria y que se contemplan entre otros, en La Ley General de Subvenciones y la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía. Así se dio forma y se ejecutó uno de los mayores y más abominables escándalos de la democracia española. Es decir, se dejaba de lado no solo el Derecho administrativo, sino todo el Ordenamiento jurídico, para proceder a la compra más burda de la 'paz social', cuando no consistía en otorgar cantidades a amiguetes y parientes, casi siempre próximos a la extensa familia socialista andaluza.

La única discrecionalidad en el ejercicio del poder es aquella que nace y habilita la Ley. Zarrías debiera explicar con detalle, que significa vehiculizar los asuntos entre consejerías y hacer de interruptor. ¿Es que tenía complejo de semáforo, para dar luz verde o en su caso, poner la roja, y así hacer que circulen a su antojo los asuntos en la Comunidad autónoma?