La Fiscalía retira provisionalmente los cargos de asesinato a los mineros sudafricanos

La Fiscalía de Sudáfrica ha anunciado la retirada provisional de los cargos de asesinato presentados contra los 270 mineros detenidos a raíz de la masacre de Marikana, en el noroeste del país. Nomgcobo Jiba, director nacional de la institución, declaró ayer en rueda de prensa celebrada en Pretoria, la capital administrativa, la intención de no inculpar hasta que no se hayan hecho públicas las conclusiones de la comisión judicial de investigación, iniciativa gubernamental que pretende dirimir las causas que provocaron la muerte de 34 huelguistas en el transcurso de una manifestación que tuvo lugar el pasado 16 de agosto.

El portavoz también dio a conocer la decisión de poner en libertad a los arrestados el próximo jueves, día en el que se reanudará la vista sobre el caso. La primera decisión de encausar a los mineros había provocado una gran estupefacción en el país porque surgía de la aplicación de la 'doctrina del propósito común', una estrategia judicial utilizada durante el 'apartheid' para perseguir a los disidentes del anterior régimen segregacionista y que permanece vigente. Según este planteamiento, todos los participantes en una protesta han de responsabilizarse de las muertes que se produzcan en su transcurso.

El ministro de Justicia, Jeff Radebe, llegó a pedir explicaciones a la Fiscalía por el uso de este recurso, mientras que los abogados de los presos requirieron la intervención del presidente, Jacob Zuma, y su liberación inmediata. El máximo dirigente de la república austral apeló a la independencia de los tribunales para no inmiscuirse en el proceso.

Pozos cerrados

La búsqueda de mejoras laborales y económicas mantiene cerrada la mina de platino de Lonmin Marikana desde el pasado 6 de agosto. Una concentración de los trabajadores, armados con lanzas y machetes, fue reprimida diez días después por agentes de la seguridad pública en un tiroteo a bocajarro. Además, en disturbios precedentes, ya habían perdido la vida dos policías y otros tantos guardias de seguridad junto a seis mineros, aunque a nadie se le ha achacado aún la autoría de estos crímenes.

A raíz de la matanza, 259 de los asistentes quedaron bajo custodia policial y otros once que habían resultado heridos fueron arrestados en el hospital al que fueron conducidos. Los hechos, difundidos por los medios de comunicación, y las posteriores medidas adoptadas han provocado una reacción de general indignación en la opinión pública mundial, acrecentada por la falta de aplicación de cargos contra los agentes que dispararon contra la multitud.

El caso no parece que tenga tampoco una resolución rápida ya que las previsiones establecen que la comisión investigadora tardará varios meses en llegar a conclusiones definitivas.