El Ayuntamiento reclama a los ex alcaldes andalucistas responsabilidad subsidiaria en el desfalco

El Ayuntamiento ha interpuesto hoy la demanda ante el Tribunal de Cuentas por el alcance de 7,8 millones de euros de la caja municipal. Un documento elaborado por los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial, que según el alcalde, José Loaiza, han actuado con "plena libertad", reclamando a los ex cajeros municipales (Clemente Ruiz y María José Lebrero) su supuesta responsabilidad directa y completa, se les obliga a responder de la cantidad sustraída de las arcas municipales, ya sea de manera individual o mancomunada.

«Este Ayuntamiento ha presentado una demanda contra ambos cajeros ya que a la vista de todo lo actuado deben ser considerados responsables directos del citado quebranto y se estima, por tanto, que deben reintegrar a su origen la cantidad sustraída», dijo Loaiza.

En el supuesto caso de que ambas personas sobre las que se dirige la demanda del Ayuntamiento no pudieran hacer frente a la exigencia de devolver el dinero, la Ley impone la figura del responsable subsidiario con el único objetivo de que una actuación ilícita no quede impune y se restituya el daño realizado. Esto sólo se llevaría a cabo en el caso de que quienes son considerados autores materiales de los hechos no devolviesen el dinero sustraído.

La responsabilidad indirecta recaería sobre aquellos técnicos que, «aún sin tener ninguna responsabilidad penal en la desaparición del dinero», si pudieran incurrir en responsabilidad patrimonial a la vista de la existencia de “fallos de los mecanismos de control de la Caja” tal y como determinan los informes de la investigación.

Esta misma responsabilidad es atribuible a quienes en el momento en el que supuestamente se produce el delito estuviesen desempeñando el cargo de «ordenador de pagos», que corresponde a los que en los años en los que se produjo el alcance eran alcaldes.

"Por tanto este Ayuntamiento, en base al dictamen de los Servicios Jurídicos, debe también solicitar la responsabilidad indirecta en ese hecho a la Tesorera Municipal, al actual Interventor del Ayuntamiento y a su antecesor en el puesto; así como a quienes ocuparon la Alcaldía de San Fernando en el periodo de tiempo en el que se sitúan los hechos".

La petición de responsabilidad en este caso es proporcionada tanto al tiempo como a la función administrativa encomendada a cada uno de ellos. De esta manera a Rafael Monzón (anterior interventor) le corresponden restituir unos 61.000 euros, a Jose Anotnio López (actual interventor) unos 105.847 euros, a María Virtudes Gómez (actual tesorera) 39.392 y tanto a Antonio Moreno como a Manuel María d Bernardo (ejercieron como alcaldes) unos 39.000 euros cada uno.

Esta demanda pasará a manos del fiscal del Tribunal de Cuentas que determinará si se suma a la causa, si abre una nueva o la desestima.