Sin margen de error

El Gobierno, en sus primeros ocho meses de mandato, no ha cesado de achicar agua ni una sola semana. Bruselas se muestra insaciable y reclama al Ejecutivo de Mariano Rajoy que ejecute los ajustes aprobados desde diciembre, con los que pretende ahorrar cien mil millones de euros en esta legislatura.

Rajoy arrancó este sábado en Galicia un decisivo curso político en los que tendrá que dar varios saltos sin red si no quiere pasar por el trámite de solicitar el rescate. Pero este no será el único frente en el que tendrá que bregar en estos cuatro meses.

El 6 de septiembre, una fecha clave

Evitar el rescate

A Rajoy le toca poner toda la carne en el asador para impedir lo que antes de gobernar había prometido que nunca ocurriría bajo su mandato: solicitar el rescate de la economía a la Comisión Europea. A cambio de la lluvia de millones, Bruselas pasaría a tutelar la política económica, lo que supondría, según los expertos, nuevos y más severos recortes del gasto. El primer gran examen llegará el 6 de septiembre. Ese día, el Banco Central Europeo (BCE) decidirá si compra deuda soberana de países con problemas de financiación, como España. También ese día está prevista la visita a España de Ángela Merkel, dentro de un encuentro con empresarios españoles.

El Gobierno aguarda la decisión del BCE para tomar una decisión sobre la petición de rescate, que podría consumarse durante la reunión que los ministros de Finanzas de la zona euro mantendrán el 14 de septiembre en Chipre.

Críticas inesperadas

El efecto Bolinaga

El Gobierno popular, que se mostró tan vehemente en la oposición con las decisiones que adoptó José Luis Rodríguez Zapatero durante su primera legislatura en la lucha contra ETA, ha experimentado en carne propia qué se siente al recibir un aluvión de críticas de asociaciones de víctimas y de otros colectivos afines ideológicamente por su política antiterrorista.

La concesión de la libertad condicional al etarra Josu Uribetxebarria Bolinaga, enfermo de un cáncer incurable, ha desgastado la figura del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, enfrentado con pesos pesados del ala dura del PP. Jaime Mayor Oreja y Esperanza Aguirre reprocharon que la excarcelación del secuestrador de José Antonio Ortega Lara beneficiaba la estrategia rupturista de ETA. Y estas grietas, en un tema tan sensible en el universo popular como el terrorismo, pueden pasar factura en el medio plazo.

Con Rajoy centrado en los asuntos económicos, Soraya Sáenz de Santamaría y el PP con María Dolores de Cospedal -cada una por su lado- están inmersas en una discreta ofensiva para reconducir la situación. Pretenden, por un lado, que la Moncloa y Génova empleen un único discurso y, sobre todo, evitar que las víctimas protesten en la calle contra el Gobierno.

Ayer, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, aseguró que a su partido le importa «un bledo» la situación de los presos enfermos de ETA y rechazó que el 'caso Bolinaga' afecte en las próximas elecciones. «No nos jugamos un escaño más o menos del PP, sino poder afrontar el embate independentista del fin de ETA», afirmó tras pedir unidad a los críticos de su partido.

Conflictos que resucitan

Deriva nacionalista

Rajoy, además de las reformas y los ajustes, exhibe en Bruselas la estabilidad política en España como un signo de fortaleza que le ayudará a ganar la batalla a la crisis. Cualquier movimiento en signo contrario torpedearía la frágil confianza de los socios europeos. Por ello, el amago de CiU de recuperar el pulso soberanista encendió las alarmas, sobre todo tras el anuncio de que los nacionalistas escenificarían el nuevo pulso el 11 de septiembre, durante la celebración de la Diada.

El presidente del Gobierno movió rápido ficha y aceptó la petición de Artur Mas para analizar el pacto fiscal para Cataluña. Un riesgo que se ha desinflado en cierta manera tras la decisión de la Generalitat de pedir un rescate del Gobierno por valor de 5.000 millones de euros.

Con más inquietud aguardan en la Moncloa el nuevo escenario político que se vislumbra en el País Vasco tras las elecciones del 21 de octubre. El candidato del PNV y más que posible vencedor, Íñigo Urkullu, ha sido el único líder que no ha cerrado la puerta a un posible pacto con EH Bildu, lo que permitiría la formación de un bloque soberanista que inquieta sobremanera en la Moncloa y que puede tener unas consecuencias hoy imprevisibles.

Desgaste

Examen electoral

Rajoy, cuando arrecian las reprobaciones ante el incumplimiento de sus promesas electorales como las de no subir ni el IVA ni el IRPF, exhibe la mayoría absoluta que logró el PP en las pasadas elecciones generales y recalca que la sociedad española votó a su partido para acometer reformas y crear empleo. Sin embargo, el 21 de octubre parte de esa sociedad, los ciudadanos gallegos y vascos, pueden confirmar en las urnas lo que ya han detectado las encuestas: una notoria pérdida de apoyos del Gobierno.

El PP se juega mucho más en Galicia. Alberto Núñez Feijóo se decantó, tras darle mil vueltas, por adelantar los comicios autonómicos para evitar los perniciosos efectos políticos de un posible rescate. Feijóo, al contrario de lo que hicieron los líderes territoriales del PP en 2011, intenta ahora distanciarse en lo posible de Rajoy oponiéndose a medidas aprobadas por el Gobierno, como la de cobrar los servicios médicos a los inmigrantes irregulares. No obstante, los populares gallegos admiten que el desgaste del presidente del Gobierno les afectará de lleno, y eso puede ser letal para su ajustada mayoría absoluta.