Zarrías sostiene que desconocía el convenio que regulaba las ayudas

El exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías ha sostenido hoy que "desconocía" el convenio marco de 2001 firmado por Empleo y el IFA, que cambió los criterios en la concesión de ayudas sociolaborales, y ha aseverado que el Consejo de Gobierno "nunca" aprobó dicho convenio. En su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga irregularidades en los ERE, el dirigente socialista ha calificado de "correcta" la decisión política de conceder ayudas sociolaborales para evitar el cierre de empresas y buscar una salida digna a los trabajadores de sectores estratégicos.

Según Zarrías, "ni los consejillos ni el Consejo de Gobierno aprobaron" el convenio marco suscrito en 2001 entre el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el presidente del IFA, Antonio Fernández, que cambió los criterios sobre los ERE, las ayudas sociolaborales y a empresas en Andalucía. "Empleo e Industria, primero y luego la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico eran los competentes en este asunto y llevaban a cabo las actuaciones", ha recalcado Zarrías, que ha negado conocer el contenido del polémico convenio marco.

Por su parte, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha asegurado que la Consejería de Empleo y no la de Hacienda era la competente para solventar las "deficiencias" detectadas por la Intervención General de la Junta en la tramitación de las ayudas a través del Instituto de Fomento. En su comparecencia en el Parlamento andaluz ante la comisión que investiga las irregularidades en los ERE, Aguayo se ha basado en la comparecencia del interventor general de la Junta entre 2001 y 2010, Manuel Gómez, quien, según la consejera, ayer dijo que "Hacienda no tenía obligación de hacer nada" ante los informes que alertaban de "deficiencias administrativas y controversias contables".

"Hacienda no tiene competencia"

Ha admitido que puede "comprender la insatisfacción de la Intervención sobre la eficacia en el sistema de control", pero ha garantizado que, "si se hubiera detectado fraude o menoscabo de fondos públicos, se hubiera instado una actuación con la misma contundencia que ha actuado la Junta cuando se han conocido los hechos". Además, ha reiterado que no remitió el citado informe de la Intervención relativo al procedimiento de tramitación y concesión de las ayudas a empresas en crisis al entonces consejero de Economía y Hacienda José Antonio Griñán porque: "No tenemos competencia, ni hemos sido requeridos para ninguna actuación".

Solo en el caso de que la Intervención General plantee una actuación expresa del titular de Hacienda o del viceconsejero tienen facultades para hacerlo y ésta se ciñe a someter las discrepancias al Consejo de Gobierno, pero en el caso investigado la Consejería de Hacienda no recibió dicho requerimiento y, si fue así, Aguayo supone que sería porque el interventor se dio por satisfecho con las mejoras propuestas por Empleo.

Aguayo, que ha sido viceconsejera de Economía y Hacienda de 2004 a 2009 en la etapa de consejero del actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha defendido la legalidad del procedimiento de la partida 31L -que el ex director general de Empleo de la Junta Francisco Javier Guerrero ha bautizado como 'fondo de reptiles'- la transparencia y el control, ya que se incluía en los presupuestos anuales de la Junta (entre 2001 y 2010 se elevó a 776,3 millones) y "ningún grupo puso ningún reparo".

El diputado del PP Rafael Carmona ha acusado a Aguayo de recurrir al mismo argumento de otros comparecientes de que "nadie tiene competencia en nada" y ha ironizado: "O sufre amnesia o falta a la verdad" porque como miembro del consejo rector del IFA -organismo pagador- tiene competencias en su aprobación, ha alegado. Además, ha discrepado con la consejera sobre la interpretación de las declaraciones del exinterventor, ya que, según el diputado del PP, se ha constatado que hasta en quince ocasiones la Intervención ha detectado irregularidades e ilegalidades en la tramitación de las ayudas de la Consejería de Empleo a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), según ha dicho ayer en la misma comisión Manuel Gómez.

Marco de financiación no ilegal

La consejera ha replicado que el interventor no calificó de "ilegal" el procedimiento utilizado ni el marco de financiación, y ha negado que la Junta "haya pretendido montar un procedimiento para hurtar, robar o malversar y 6.000 trabajadores lo atestiguan". No obstante, ha admitido que como "servidora pública y como socialista" le "repugna" que alguna persona haya cometido "actos ilícitos".

Carmona ha reprochado a la consejera que hubiera actuado para aumentar la dotación de la partida 31L, y "sabían porqué se producían los desfases", y no lo hicieron para cambiar los procedimientos "ilegales" de tramitación de las ayudas. También le ha recriminado que no tuviera tiempo de leerse los informes de la Intervención en los que se cuestionaba el procedimiento, por lo que la ha tildado de "archivera, aunque se pusiera para su conocimiento al consejero" (en ese momento José Antonio Griñán).

La diputada de IU Alba Doblas ha denunciado que "saltaron las alarmas y nadie hizo nada y, si no llega a salir la denuncia de Mercasevilla por extorsión -a unos empresarios-, aquí nadie sabe nada y Guerrero se embolsaría más dinero cada mes si hubiera querido". Ha mostrado su perplejidad porque Hacienda tratara con el centro gestor (dirección general de Empleo) la insuficiencia presupuestaria, anualmente incrementada (132 millones entre 2001 y 2010, un 17 %), y no tuviera en cuenta un informe especial de la Intervención sobre el procedimiento de las ayudas.

La diputada del PSOE Antonia Moro ha sacado a relucir un informe del Tribunal de Cuentas sobre convenios de colaboración del INSERSO y otros organismos estatales en el que se pone de manifiesto que no se ajustaban a la legislación vigente, algo que motivó la queja del PP pero que no fue aceptada por la presidencia.