El exinterventor advirtió de «graves deficiencias» que nadie corrigió

Después de seis sesiones de la comisión de investigación de los ERE fraudulentos con varias alusiones de comparecientes y grupos políticos alpapel de la Intervención General de Andalucía y sus informes, ayer, su máximo responsable entre 2000 y 2010 ofreció su versión. Manuel Gómez señaló que se alertó por «hasta 15 incumplimientos y deficiencias» en la tramitación de ayudas de la Consejería de Empleo a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).

Gómez, que defendió el papel de la Intervención General de la Junta, afirmó que se debieron «tomar medidas» ante estas alertas. «Quienes tenían que haber tomado las decisiones no las tomaron. Ahora no pueden quejarse de que no fueron advertidos», comentó Gómez en una de las comparecencias más prolijas de la comisión de investigación y que rozó las cuatro horas de duración.

A pesar de que durante muchas fases su alocución se extendió en una explicación densa y técnica, el exinterventor encontró una manera muy gráfica de ilustrar su discurso acerca de las advertencias lanzadas desde la Intervención: «Si su vecino le advierte a voces por la ventana de que salen llamas por su extractor de humo ¿usted qué haría?. ¿Llamaría a los bomberos para evitar la catástrofe o esperaría a que su vecino confirmara la noticia por carta o correo electrónico? Sería inaceptable que ante su descuido el vecino acabe pagando el desaguisado».

El exinterventor, acompañado por el exsecretario general de Hacienda Antonio Estepa, recordó que todos los informes fueron remitidos a sus destinatarios legales, es decir el IFA o la Agencia IDEA, las entidades auditadas, la consejería de la que dependen, Empleo, y la Consejería de Economía y Hacienda. «Otra cosa es que el destinatario le diera importancia», comentó Gómez que, eso sí, admitió que los informes «no eran vinculantes».

Igualmente Gómez reconoció que el papel de la Intervención tiene un límite. «La normativa vigente no prevé qué debe hacer el interventor cuando detecta deficiencias», aclaró al tiempo que sí quiso recalcar durante su comparecencia la «legalidad» en la que se aprobaron las ayudas sociolaborales y como en el convenio marco de 2001 se establecía al IDEA, otrora IFA, como «mero pagador».

Una «legalidad» que apoyó en el «prolongado silencio» de la Cámara de Cuentas. «No es un alegato político, sino un razonamiento técnico imprescindible», relató el exinterventor.

Durante el pasado mes de octubre de 2011, en su declaración ante la Guardia Civil como testigo, Gómez manifestó que los informes se los entregaba a la entonces viceconsejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, con la indicación de que los hiciera llegar al consejero y actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, entonces consejero de Economía y Hacienda. Cuestionado por Alba Doblas (IU) y por Rafael Carmona (PP) sobre si alguna vez despachó con José Antonio Griñán estos informes, Gómez dijo no recordarlo. «Un consejero no va a leer toda la documentación», señaló el exinterventor, de la misma forma que advirtió de que no implica que «deba desconocer las conclusiones» de estos documentos.

Hoy se celebrará la séptima jornada de la comisión en la que participarán Carmen Martínez Aguayo, actual consejera de Hacienda; Gaspar Zarrías, exconsejero de la Presidencia, y Juan Ignacio Zoido, presidente del PP-A y delegado del Gobierno en Andalucía cuando las negociaciones para la prejubilación de los mineros de la Faja Pirítica de Huelva.