Un exconsejero achaca el fraude de los ERE a un «abuso de confianza»

El consejero andaluz de Empleo durante la pasada legislatura, Manuel Recio, defendió ayer en la comisión parlamentaria que investiga el fraude de los ERE irregulares la legalidad del procedimiento para la concesión de ayudas públicas a empresas en crisis. Aseguró que las irregularidades, que cifra en un 3% de todos los casos, se produjeron por un «abuso de confianza» de determinadas personas de la Consejería de Empleo, al tiempo que subrayó la rápida respuesta de la Junta de Andalucía para recuperar lo defraudado tras conocer las anomalías.

Recio, parlamentario regional por Almería, abrió la segunda semana de comparecencias en la comisión de investigación. Durante su intervención, y a preguntas de los parlamentarios, repitió que «no hay que confundir la legalidad con los abusos de aplicación» de las normas. Según dijo, las ayudas que se concedieron fueron «excepcionales y no arbitrarias» aunque sí «discrecionales», e insistió en defender su transparencia dado que no solo se aprobaban en el Parlamento andaluz y eran conocidas por los sindicatos y los empresarios sino que, además, «nadie» puso reparos en su concesión ni en su procedimiento, en alusión a los posibles informes de la Intervención General alertando sobre el sistema. De hecho, matizó en el turno de preguntas que su departamento «siempre» tuvo en cuenta las recomendaciones realizadas por la Intervención.

La explicación no convenció a los miembros de la comisión del PP e IU. Destacaron sus contradicciones con el testimonio de otros altos cargos.

Como ocurrió desde que saltó el caso del supuesto fraude de los ERE, el que fuera consejero de Empleo entre 2010 y 2012 -durante el primer mandato de José Antonio Griñán- resaltó la «respuesta inmediata» del Gobierno andaluz.

Se inició una investigación interna, posteriormente trasladada a la Justicia, sobre las pólizas de los 5.982 trabajadores que cobraron ayudas desde la puesta en marcha del procedimiento y se detectó que las irregularidades -los llamados 'intrusos'- representaban el 3% de los casos, una cifra que a su juicio podía ocurrir en cualquier departamento administrativo. La Junta concluyó que se pagaron de forma indebida 12,8 millones de euros y que se dejaron de abonar otros 14,7 millones ante la sospechas de irregularidades.

Destrucción de pruebas

«No existe otra administración que haya tenido un despliegue de medios similar al de la Junta en su afán de colaboración y aclaración de la verdad», recalcó para negar a continuación haber recibido o dado instrucciones para la concesión de una ayuda sociolaboral. También desmintió haber destruido pruebas durante una reunión de urgencia celebrada en fin de semana a raíz de los datos obtenidos con la investigación interna.

Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación entre 2004 y 2009 y responsable último de la Agencia IDEA, encargada de gestionar las ayudas a las empresas, explicó que era la Consejería de Empleo quien elaboraba los expedientes para la concesión de las ayudas y que su departamento no tenía acceso a los mismos. La Agencia IDEA se limitaba a «materializar los pagos» que ordenaba la consejería, por lo que es ahí donde se produjeron las deficiencias.

Vallejo también sostuvo que durante su gestión «nunca conoció» el informe de la Intervención General que detectó deficiencias en la concesión de las ayudas.

Las comparecencias continuaron por la tarde con la declaración de Martín Soler, que sustituyó a Vallejo en la Consejería de Innovación entre 2009 y 2010. Martín Soler culpó a los gestores del fondo para empresas en crisis mientras defendía el procedimiento instaurado por la Junta para conceder las ayudas. «Un sinvergüenza es siempre un sinvergüenza», apostilló en referencia al mal uso detectado y que ha supuesto un caso judicial con más de medio centenar de imputados. Negó, al igual que Recio, conocer los informes contrarios de la Intervención General.