Resolver, ni es disolver ni es diluir, es hacer las cosas como Dios manda

El problema de España, es el de un pueblo incapaz de vivir conforme a sus reales posibilidades. Por eso su Gobierno, debe formular un discurso claro y conciso, que en síntesis diga que solo de nuestro esfuerzo, ganaremos nuestro futuro. Sería interesante que nos expliquen con claridad, cómo griegos, irlandeses y portugueses, sobreviven, por decir algo, con las políticas impuestas desde fuera. Por eso, no entiendo por qué seguimos siendo tan miopes y andamos a la greña política, cuando las cosas solo tiene un camino. Desde luego uno solo, si es que queremos seguir siendo parte de Europa y del euro.

Sabemos porque es una evidencia, que parte del sistema financiero está en quiebra. El mercado de trabajo sigue siendo dual, sobre todo en función del tamaño de la empresa y de su condición pública o privada, más que por su propia temporalidad. El gasto de las Administraciones territoriales es una amenaza para las finanzas públicas. Los servicios de toda índole deben liberalizarse. Las universidades no generan el capital humano de calidad necesario para el crecimiento económico y el que existe emigra. También sabemos que en el corto plazo, nuestra falta de crecimiento se debe a tres factores: Estado de penuria del sistema financiero, desproporcionada presión y carga fiscal, incluyendo altísimos costes de cotizaciones a la Seguridad Social, que desincentiva la inversión y la creación de empleo y por último, la falta de claridad y rumbo en la adopción de políticas económicas, fundamentadas no solo en criterios de eficacia y eficiencia, amén de la inmediatez y urgencia en la toma de decisiones, todo ello aderezado en la necesaria seguridad jurídica y económica.

Observo con pavor, la impunidad con la que campa a sus ancha, el asalta carros en compañía de su banda de malhechores. Sobre la base de un discurso contrario a la propiedad privada, en contraposición con lo 'público' y su defensa, hacen creer a una parte notable de la población, convencida de que lo público ostenta ventajas éticas obvias, contraponiéndolo con lo privado. Lo que es del individuo, de principios dudosos, le achacan connotaciones moralmente reprobables, asociado con el individualismo, el egoísmo y el materialismo. Poner en duda la propiedad privada hoy en día, es el mayor de los absurdos. Como también lo es un Gobierno que no pone coto a los que contraviene la misma despreciándola. La propiedad, además de su concepción como 'derecho', debe ser entendida como el fundamento del derecho de obligaciones y contratos. Sin propiedad no habrá comercio y sin este quebraría todo el sistema económico imperante, base de todos los sistemas económicos democráticos existentes. Cuanto más segura y mayores garantías existan en torno a ella, más procurarán los ciudadanos hacer buen uso de la misma, beneficiándose de ello, los mismos propietarios, como la propia sociedad. Este incidente con este 'sujeto', por calificarlo de alguna manera, es lo que faltaba a España para hacerse con el mayor de los descréditos a nivel internacional.

El atentado a la propiedad por esos bandoleros del siglo XXI, en el fondo y en la forma, denota falta de autoridad y relajación en la exigencia del cumplimiento de la Ley. Por si teníamos poco, un problema más. Por eso digo que gobernar es decidir y resolver, y no esperar a que los problemas se disuelvan o se diluyan con el paso del tiempo. En economía el tiempo es oro. El tiempo vale dinero. Piensen por un momento en el cálculo del interés compuesto y observen la importancia determinante que supone el tiempo. Las decisiones económicas deben ser tomadas de inmediato, ya tengan carácter cortoplacistas, como aquellas que incidirán en el modelo de país en el medio y largo plazo. Pero hay que tomarlas con suma urgencia. El tiempo se nos echa encima.

Llevamos 'repensando el Estado' desde el comienzo de la legislatura. Solo se han tomado medidas a muy corto plazo y han consistido fundamentalmente en el recorte de sueldos de los empleados públicos. Pero las cifras, cifras son. En 2007 cuando estábamos en el momento más álgido del ciclo económico y todo parecía que iba bien, que no era así, pero la gente no se quejaba al menos, el gasto público español ascendía a 413 mil millones. En 2009, en plena crisis, el gasto había aumentado en 70 mil millones comparándolo con los del año 2007. Ese mismo año, los ingresos públicos bajaron en 67 mil millones. El déficit público se situaba en el 11,7%. Con el gasto público disparado, la partida de salarios públicos es muy elevada. A pesar de los recortes practicados en los años 2010 y 2011 en la masa salarial, ésta ha pasado de 124 mil millones a 123 mil millones en dichos años respectivamente. El recorte ha sido irrisorio. No llega al 1%. Sí rebajando la masa salarial en esa cantidad se monta el gran follón y lo que queda, en Europa y en el mundo entero, deben estar descontrolados, porque pensarán que aquí no nos enteramos. El problema del empleo público, no es de recorte del salario, que a todas luces es insignificante, es de recorte de las plantillas sobredimensionadas. Y recortar plantillas en despedir al personal sobrante. No se puede seguir utilizando eufemismos, para hablar de los problemas que nos acechan.

La ley de Estabilidad Presupuestaria ha determinado un índice objetivo de referencia, para que las Administraciones locales ajusten sus plantillas a estándares asumibles desde la eficacia y la eficiencia, base de las finanzas de cualquier Administración. Así, se estima que la cifra óptima es aquella en la que la masa salarial correspondiente a gastos de personal no supere el 60% de la cifra de ingresos. Pues bien, en toda la geografía española hay ajustes de plantillas, mediante expedientes de regulaciones de empleo. Curiosamente, no se han hecho o adaptado a la realidad de la situación, con carácter previo, las correspondientes 'Relación de Puestos de Trabajo', con criterios de absoluta objetividad. Así es que los expedientes invocan razones económicas, cuando debieran invocar al unísono con aquella, razones organizativas. Esto posibilitaría la adecuación automática a la 'Relación de Puestos de Trabajo', ya que se considerarían en situación de amortizables, todos aquellos que no se encuentren en la 'Relación'. Pero es más, ¿sí casi todos los Ayuntamientos están en quiebra, cómo es que no se les exige, que ajusten sus plantillas obligatoriamente, para que se cumpla la relación "orientativa" comprendida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y adquiera obligatoriedad, por mero sentido común? Eso supondría resolver y no disolver las cosas en el tiempo. Es mucho pedir para los que deciden sobre cosa ajena, sin ningún tipo de responsabilidad.