Rousseff emplea mano dura contra la huelga de funcionarios brasileños

Con la economía en pendiente, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha decidido responder con dureza a la huelga que mantienen desde hace varios meses los gremios estatales en demanda de aumentos salariales. Alejada de la tradición de su agrupación política, el Partido de los Trabajadores (PT), la mandataria se mantuvo firme en la oferta de 15,8% de incremento en tres cuotas hasta 2015, y ordenó descontar los días no trabajados por los funcionarios públicos.

Son al menos 30 los gremios que demandan aumentos del 25 al 50% y que presionan para conseguir la subida antes del 31 de agosto, cuando vence el plazo para que el Ejecutivo envíe al Congreso el proyecto de presupuesto para 2013. El Gobierno sostiene que no superan los 70.000 agentes en conflicto, pero los sindicatos estiman que son 350.000 en todos los ministerios, fuerzas de seguridad e institutos académicos.

Los que primero empezaron a movilizarse fueron los docentes universitarios, que arrancaron en mayo, y aún mantienen sus reivindicaciones. La semana pasada se sumaron empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasilia, junto a funcionarios de las embajadas. Pero la más seria es la huelga de policías de control fronterizo, que permiten el libre tránsito y pone en riesgo la seguridad. En respuesta, la presidenta ordenó al titular de Justicia recortar el sueldo a más de 11.000 trabajadores. Eso significa que el salario casi completo de agosto no se abonará.

A pesar de que mantiene una elevada popularidad, Rousseff enfrenta estas y otras dificultades. El ritmo de actividad económica cayó en Brasil del 7,5% en 2010 al 2,7%en 2011. En lo que va de este año la producción no repunta. Si bien el Gobierno tenía intención de alcanzar cerca del 4% de crecimiento, observadores independientes estiman que no se llegará siquiera a la mitad. Entretanto, la presidenta ha lanzado un plan de inversiones por valor de 53.140 millones de euros en rutas y vías férreas para estimular la economía, crear empleos y reducir los costes de producción de este país, que tiene una superficie 17 veces mayor a la de España.

150.000 nuevos empleos

Pero conscientes de que las buenas intenciones deben sortear un intrincado y lento proceso burocrático, los brasileños miran la propuesta con cautela. Serán 7.500 kilómetros de carreteras. Unas nuevas, otras se ampliarán y las más deterioradas serán pavimentadas al fin. Todo mediante concesiones al sector privado, que se beneficiará con el cobro de peajes. El plan incluye ampliar el sistema ferroviario. Se agregarán 10.000 kilómetros de vías a las 30.000 ya existentes.

Los proyectos permitirán la creación de unos 150.000 empleos. Pero además pondrán la infraestructura del país a tono con la de sus socios emergentes (China, India, Rusia y Sudáfrica). Rousseff anticipó también que de aquí a septiembre habrá nuevos anuncios de obras en puertos, aeropuertos y medidas para la reducción de costes de la energía eléctrica. «Iniciamos una nueva etapa en la que Brasil saldrá más rico, más fuerte, más moderno y más competitivo», aseguró.