La doble condena de estar preso en una cárcel extranjera

Cumplir condena en Alemania o Francia no tiene nada que ver con hacerlo en Guatemala, Malí o Cuba. A día de hoy, 2.426 españoles cumplen sus penas en 63 países, el 83,4% de ellos por delitos relacionados con el consumo o el tráfico de drogas, aunque en la mayoría de los casos por estar en posesión de pequeñas cantidades.

Los presos nacionales en el extranjero tienen derecho a ciertos beneficios. El más importante es que, en función del país donde se encuentren y de que exista o no acuerdo bilateral, pueden solicitar cumplir la condena en España, pero es un proceso que, con suerte, puede demorarse hasta un año y medio. En algunos lugares se suman otras trabas. En Francia o Marruecos se obliga al reo a pagar importantes multas para completar el traslado, y en Japón es obligatorio haber completado una parte de la sentencia. Existe otro problema añadido en países donde se imponen penas de cadena perpetua o condenas mayores de los 40 años que se dictan en España para los delitos más graves.

En estos casos, el permiso es generalmente denegado por las autoridades de esos países. Actualmente, 147 presos han recibido el visto bueno del Gobierno para su repatriación y esperan el momento en el país donde están encerrados. Otros 181 ya han hecho la solicitud aunque todavía no ha sido estudiada por España. Para los reclusos que padecen condiciones de internamiento extremas, desde el consulado se puede abonar al condenado hasta 120 euros al mes para cubrir necesidades básicas como la alimentación. Y es que en países de África la dieta diaria no es extraño que se limite a un plato de sopa. En 2011, se destinaron 1.019.264 euros a atender sus necesidades.

Asesoramiento

También es posible pedir que España suministre medicamentos e incluso sufrague operaciones graves o partos. Si las condiciones lo permiten, también existe acceso a estudios a distancia, tanto de enseñanza primaria, secundaria, del curso de acceso a la universidad, de una carrera o de inglés.

La ONG Movimiento por la Paz recogió en 2011 el testigo del Instituto Ramón Rubial en el seguimiento a los españoles encarcelados en el exterior. Mantiene el contacto con 456 de ellos. El asesoramiento que presta de forma gratuita esta ONG se divide en tres fases y va dirigido tanto a los condenados como a sus familiares. «Nosotros no realizamos juicios morales, pueden dirigirse a nosotros sin sentirse estigmatizados», explica María José Moreno, responsable del programa. En un primer momento, Movimiento por la Paz informa a los afectados del sistema penal del país donde se encuentran, para hacer después un seguimiento de sus enfermedades e informarles de sus posibilidades de traslado si es que existen. Al margen del apoyo legal, la ONG mantiene contacto con los condenados para «conocer sus inquietudes y el desarrollo de su día a día, intentamos proporcionales distracción a través del envío de libros y revistas», explica la responsable del programa humanitario.

Sobre las condiciones que padecen algunos de los condenados, Moreno alude a la estricta confidencialidad de la relación, aunque describe celdas sin colchones o las mínimas condiciones de higiene, además de una alimentación deficiente o la escasez de medicinas. «En cuanto sales de Europa ya no encuentras prisiones como las que existen en España, que muchas veces se ponen como paradigma de cómo debieran ser», señala la responsable de la ONG. «Tratamos de evitar a través del asesoramiento y la información posibles abusos por parte de desaprensivos que intentan sacar partido de la situación», concluye.

«Una especial sensibilidad»

El Defensor del Pueblo también vigila las condiciones de vida de estas personas y que reciban la asistencia consular adecuada. En su informe de 2011, destacó que su situación es una de las máximas preocupaciones de la institución y reconoce que «se despierta una especial sensibilidad al recibir cartas de personas que están lejos de sus familias, en países en los que posiblemente desconocen el idioma, y donde, lamentablemente, la situación de las prisiones no garantiza las mínimas condiciones de alimentación, seguridad o higiene».

El Defensor da cuenta de diversas denuncias presentadas. Una de ellas es la de un detenido en Panamá por tráfico de drogas, citado seis veces a declarar ante el juez sin que pudiera acudir a ninguna al no poder pagar a los guardias del penal la cantidad que le pedían para poder salir de él. En otro caso, refleja que también en Panamá se concedió a un preso con graves problemas de salud el traslado a España un mes después de que el recluso hubiese fallecido.