Educación reaviva la lucha por la gestión de los centros escolares

¿Quién debe decidir sobre la admisión de los alumnos en los centros escolares? ¿O evaluar cómo se han gestionado los recursos de un colegio? En la respuesta a estas preguntas se esconde una batalla que llevan lidiando las administraciones públicas, equipos directivos de los centros, profesores y asociaciones de padres desde hace varios años y que la reforma educativa el Gobierno vuelve a avivar.

En el atreproyecto de ley para la mejora de la calidad educativa se describe la autonomía de los centros como un «factor clave para la mejora del rendimiento de los alumnos». Es una idea tradicional del Partido Popular amparada, en su opinión, en el derecho a la libertad de enseñanza que recoge la Constitución. El Gobierno cree que si los centros dispusieran de más independencia a la hora de gestionar sus recursos, mejorarían su rendimiento. El primer paso en esa dirección tiene es modificar el funcionamiento del consejo escolar. El anteproyeto de la reforma educativa contempla limitar esos órganos, verdaderos reguladores de los centros, en consultivos.

Los consejos escolares están formados por profesores, padres, alumnos y personal administrativo del centro, además de un representante del ayuntamiento. Entre sus competencias están la aprobación de la normativa interna, resolver los problemas disciplinarios o el control de los procesos de admisión de alumnos (muy limitados en la práctica por las legislaciones autonómicas).

«La autonomía de los centros es necesaria, pero no debe ser absoluta», asegura Jesús Sánchez, presidente de Ceapa. Esta asociación de padres es la más reacia a los cambios en la gestión de los centros. «Estamos en contra de que se conceda una mayor autonomía curricular a los centros, pues ésta puede convertirse en un instrumento capaz de modificar la oferta educativa, dando lugar a centros de especialización curricular», explica Sánchez. Es decir, a la selección de los alumnos por sus notas, algo que consideran una segregación. Por eso critican que los consejos escolares se conviertan en órganos consultivos y no de gestión. «Este cambio atenta contra el artículo 27 de la Constitución», el presidente de Ceapa en referencia al derecho de los padres de «participar» en la gestión de los centros escolares.

Sin embargo, la Concapa, Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos, ven con buenos ojos el cambio. «Es necesario que exista una rendición de cuentas. Saber cómo se ha gastado ese dinero. Algo que ahora no podemoas hacer», asegura el presidente de Concapa, Luis Carbonel.

Invasión de competencias

Lo que está en el centro del debate es delimitar las competencias del consejo escolar. Y es que para algunos profesores, el problema está en que estos órganos han invadido competencias que no les corresponden. «El consejo escolar toma decisiones relativas a la programación pedagógica que interfieren en la labor del profesorado», confiesa Carmen Guaita, vicepresidenta del sindicato ANPE. Por eso no considera que la propuesta sea «mala de por sí». Guaita ve fundamental que los padres se involucren en la educación de sus hijos y en la marcha del centro escolar en el que cursan los estudios. Pero advierte de que no debe confundirse con que los padres decidan sobre cuestiones profesionales de cómo impartir una clase.

Otra cuestión peliaguda es la elección del director. Hasta ahora el consejo escolar tiene la última palabra a este respecto. Sin embargo, con la nueva normativa esta decisión ya no dependería de ellos. «Lo padres y madres somos parte de la comunidad educativa y no nos pueden dejar al margen», argumenta Sánchez. El Ejecutivo asegura que el borrador todavía debe ser discutido, como todos los aspectos de la reforma educativa. Sin embargo, los tiempos están tasados y su intención es que la ley esté aprobada antes de Navidad.