La forense certifica que Bolinaga «no está terminal» y puede ser tratado en prisión

Josu Uribetxeberria Bolinaga, el etarra condenado por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, padece un cáncer con metástasis, pero «en la actualidad no se encuentra en fase terminal y únicamente presenta leves síntomas clínicos» en relación con su grave enfermedad.

El informe de la Clínica Forense de la Audiencia Nacional sobre el estado de salud del preso, internado en el Hospital Donostia de San Sebastián, donde ha estado 15 días en huelga de hambre para denunciar su situación, sostiene que «el tratamiento actual del enfermo es compatible con ser llevado por los servicios médicos del centro penitenciario», ya que tiene un 50% de probabilidades de superar los 11,3 meses de vida.

La forense Carmen Baena, no obstante, reconoce que si el recluso accede a someterse a un tratamiento de radioterapia -padece un cáncer riñón con metástasis en el cerebro- «sí debería realizarse en un centro hospitalario» ante la incapacidad de los centros penitenciarios para tratarle con la maquinaria adecuada.

Las conclusiones del informe, de seis folios, están en manos del juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, quien esperará al informe de la Fiscalía ante de decidir, resolución que con total seguridad tomará la próxima semana. El propio fiscal jefe, Javier Zaragoza, aseguró el 20 de agosto que su informe «no estaría antes de 10 días».

Pero los precedentes en casos similares confirman que ningún preso controlado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria continúa en la cárcel con una esperanza de vida inferior a un año, y a Bolinaga la forense le ha dado 11,3 meses. Esa esperanza de vida encajaría en el concepto de riesgo patente que exige el Código Penal para dejar en libertad condicional al enfermo.

Existe un caso de enero de 2011 en el que Mikel Ibañez Oteiza, condenado por asesinar al empresario Francisco Javier Zabaleta en 1988, fue excarcelado por razones humanitarias para ser tratado de un linfoma, y tres meses después falleció. Su libertad condicional, en todo caso, estuvo precedida por una serie de obligaciones excepcionales, como llevar una pulsera de control telemático para tenerlo vigilado, entre otras medidas. Entonces el juez contó con el visto bueno del fiscal de la Audiencia Nacional.

Contradicciones

Lo más curioso del 'caso Bolinaga', más allá de la polvareda política que ha levantado en las últimas dos semanas, son las contradicciones entre los informes médicos sobre su estado de salud. El diagnóstico del Hospital Donostia, donde se encuentra ahora el recluso, concluía que estaba en una situación «irreversible», y que tenía un 90% de probabilidades de morir en un año. También el informe médico de la cárcel alavesa de Zaballa, donde fue acercado el secuestrador de Ortega Lara procedente de León dada la gravedad de su salud. El centro penitenciario señaló que solo dispone de enfermerías para casos de atención primaria, no para tratar un cáncer.

Este argumento fue utilizado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, para justificar la concesión del tercer grado por «razones humanitarias», en virtud del artículo 104.4 del reglamento penitenciario. Este aprueba un régimen de semilibertad para presos con «padecimientos incurables». Y Bolinaga entraba en el supuesto al tener un 50% de probabilidades de fallecer en un plazo de cinco años.

Por este motivo, el ministro del Interior incidió el jueves en que era indispensable aplicar la ley, aunque fuera «doloroso», ya que de lo contrario «estaría prevaricando». Unas declaraciones que no han sentado bien a las víctimas del terrorismo tras conocer el informe de la forense. «¿Ahora quién ha prevaricado? ¿Los médicos del País Vasco?», se preguntó ayer la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza.

Por este motivo, Pedraza reclamó a Instituciones Penitenciarias que revoque de forma inmediata el tercer grado a Bolinaga, ya que «no está terminal y podría tratarse en prisión». Una decisión que pudo haber recurrido la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pero que al final no hizo, pese a mostrarse muy dura con los informes médicos de Instituciones Penitenciarias

Por otra parte, el pseudosindicato Manos Limpias anunció ayer que presentará una querella contra Yuste por prevaricación en la concesión del tercer grado a uno de los secuestradores de Ortega Lara.