El colchón familiar limitará el acceso de los parados a las ayudas de 400 euros

El Gobierno endurece las condiciones para que los parados puedan acceder al programa Prepara, que establece ayudas de 400 euros durante seis meses para los desocupados que hayan agotado el cobro de todas las prestaciones. El Consejo de Ministros acordó ayer la prórroga y reforma de ese plan, que en adelante dejará de proteger a miles de jóvenes desempleados que por la crisis han tenido que regresar al hogar de sus padres, pues los ingresos de los progenitores serán la clave para tener acceso a estos beneficios. Por contra, el Ejecutivo eleva a 450 euros el importe de la ayuda cuando el perceptor acredite tener al menos tres personas a su cargo.

Pero ese incremento de la cuantía de las ayudas para unos se hará a costa de cerrar a otros las puertas del programa. Antes de acudir a las oficinas de empleo a pedir ser incluidos en el plan, los parados deberán sacar la calculadora porque el Gobierno tendrá en cuenta las rentas de todo el núcleo familiar que convive con el solicitante, incluidos sus padres, a la hora de reconocer o negar este derecho. En la práctica, las ayudas no se concederán a los parados cuando su familia en conjunto (padres, hijos y nietos si los hubiera) ingrese más de 481 euros por persona. En palabras de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, «se contabiliza la renta de toda la unidad familiar, se divide entre el número de miembros y si el resultado supera los 481 euros, no tienen derecho al plan Prepara».

La cuantía del umbral de renta (481 euros, es decir, el 75% del salario mínimo interprofesional) no cambia con la reforma de este programa, creado en febrero de 2011 por el anterior Gobierno socialista. La novedad es la inclusión en el cálculo de los ingresos de los padres. Hasta la fecha, para acceder a esas ayudas sólo se tenían en cuenta las rentas del solicitante y de su cónyuge e hijos. En adelante será fundamental el colchón familiar, circunstancia que los principales partidos de la oposición consideran un golpe a los parados más jóvenes, sobre todo a los que por la crisis han tenido que dejar las casas que tenían en alquiler o han sido embargados. Como contrapartida, el Ejecutivo amplía en 50 euros mensuales la ayuda a los beneficiarios que tengan al menos tres personas a su cargo (cónyuge y dos o más hijos).

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría explicó que el espíritu de la reforma es que «nadie que de verdad lo necesite, que tenga apuros para cubrir sus gastos, se quede sin la asistencia del Estado. Por eso se amplía a 450 euros la ayuda a los parados con más cargas familiares». Por su parte, Báñez, especificó que a estas alturas de la crisis «los más vulnerables son los parados con más cargas familiares y los que llevan más tiempo en el paro». El Gobierno rechazó cifrar el número de parados sin cargas familiares a los que la nueva regulación dejará fuera de este beneficio social. Báñez sólo reconoció que «no va a ser mayor el coste» de su aplicación respecto de anteriores ediciones -1.120 millones desde su aprobación en 2011 hasta el pasado junio-, pero no aclaró si su departamento aspira a ahorrar con la reforma. Justificó esa falta de datos concretos por el hecho de que, hasta ahora, el Ministerio de Empleo no obligaba a los beneficiarios a declarar los datos correspondientes a los ingresos del conjunto de la unidad familiar.

Formación

Para acceder a estas ayudas, de las que sólo pueden beneficiarse durante seis meses una vez en la vida, los solicitantes tendrán que haber estado en paro al menos doce meses durante el último año y medio (no tienen por qué ser consecutivos) o acreditar cargas familiares. El cobro está vinculado a que el beneficiario acredite estar buscando empleo y acepte participar en un itinerario personalizado de formación que facilite su empleabilidad.

El texto de la reforma, que publica hoy el BOE, establece algunos requisitos cuyo incumplimiento acarrea la pérdida de esta prestación, explicaron fuentes del Ministerio de Empleo. Uno de ellos es «no rechazar una oferta de trabajo adecuada», ya provenga de los servicios públicos de empleo o de agencias privadas de colocación colaboradoras.

El rechazo a asistir a los cursos de formación, la no presencia en las charlas sin causa justificada (enfermedad, muerte de un familiar...) también provocará su pérdida. Si un parado encuentra un empleo de corta duración, por ejemplo un mes, verá congelada la ayuda, que volverá a percibir cuando vuelva a quedar sin trabajo.