La AVT sale a la calle contra la política antiterrorista de Mariano Rajoy

La excarcelación de Josu Uribetxebarria Bolinaga lleva camino de ser la gota que colme el vaso de la paciencia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). La organización que engloba a la mayoría de las víctimas vivas de ETA y sus familias, tras meses de avisos al Gobierno para que retomase la política antiterrorista de dureza extrema que defendió en la oposición, ha decidido salir a la calle para mostrar al Ejecutivo de Mariano Rajoy su hartazgo. La primera protesta será el 29 de agosto, entre las prisiones murcianas de Sangonera La Verde y Campos del Río.

Hace meses que la AVT y su presidenta, Ángeles Pedraza, usan términos como «decepción» o «traición» para describir la política antiterrorista de Rajoy, especialmente ante la aplicación del régimen penitenciario, pero les ha costado mucho dar el paso de organizar protestas contra el Gobierno de un partido con el que siempre han tenido una sintonía total.

Dudaban en marchar contra los mismos dirigentes políticos con los que compartieron pancarta de manifestación en múltiples ocasiones durante las dos legislaturas anteriores para protestar contra lo que entendían como una estrategia de negociación y cesiones a ETA del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

El hielo lo rompió el pasado 9 de junio Francisco José Alcaraz, expresidente de la AVT y actual líder de Voces contra el Terrorismo, que representa al ala más dura de las víctimas, con la primera manifestación de este colectivo contra la política del Gobierno popular.

Pedraza admitió entonces estar igual de indignada que Alcaraz con el nuevo plan de reinserción de Interior para presos etarras y con la negativa del Gobierno a impulsar un proceso de ilegalización de Bildu y Amaiur, pero se desvinculó de la protesta. A cambio exigió por escrito «una rectificación» al Ejecutivo y una política de «hechos» y no de palabras. El comunicado, con sabor a último aviso, resumió la rectificación y los hechos en dos exigencias. El cumplimiento íntegro de las penas para todos los reclusos de ETA sin derecho a beneficio penitenciario para ninguno, y la puesta en marcha de los procedimientos judiciales para expulsar de las Cortes y de las corporaciones locales vascas y navarras a todos los electos de las listas de la izquierda abertzale.

El margen de espera concluyó ayer. Anunciaron la convocatoria a partir del miércoles próximo de lo que denominan como 'Marchas por la Justicia', unas manifestaciones que terminarán en las prisiones con un significativo número de etarras, y con la entrega de una carta al director de cada centro con «una llamada al respeto a la Verdad, la Memoria, la Dignidad y La Justicia, para que la ley prevalezca y sean firmes con los asesinos». A lo largo de septiembre podría haber unas diez marchas, que concluirían con una gran manifestación «nacional» sobre la cárcel madrileña de Soto del Real.

Pese a no citar el nombre de Uribetxebarria, dicen que es la respuesta a «las tropelías y los graves acontecimientos de las últimas semanas», en los que «la humillación a la memoria y la dignidad de las víctimas ha sido constante».

En paralelo, el guardia civil José Rodríguez Chacopino, herido en 1987 en un atentado en el que participó Uribetxebarria y en el que murieron dos agentes, iniciará una huelga de hambre ante Interior junto a otras seis víctimas si se produce la excarcelación de su agresor.