La vicepresidenta llama al orden a los ministros de Industria y Hacienda

Los ministros de Industria y Hacienda, enfrentados por la reforma energética, se verán las caras hoy en la comisión delegada de Asuntos Económicos. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ya les ha hecho llegar el mensaje de que los trapos sucios se lavan en casa, tras recordarles que, pese al reparto de competencias, los proyectos los aprueba de forma colegiada el Consejo de Ministros. Cuando José Manuel Soria y Cristóbal Montoro airearon sus discrepancias a través de los medios de comunicación, la número dos del Ejecutivo habló por teléfono con ambos e incluso pidió al titular de Hacienda que realizara unas matizaciones.

Sáenz de Santamaría considera «lógico» que exista un debate interno en un asunto tan complejo. No son fáciles de resolver los problemas de una regulación eléctrica que acumula 24.000 millones de déficit, a los que se van sumando del orden de 6.000 millones anuales, porque reconoce a las empresas de generación unos costes que no siempre les corresponden, pero que luego no se pueden ver reflejados en la factura. «Para acabar con el déficit haría falta subir la tarifa de la luz entre el 40 y el 60% y eso no lo va a hacer el Gobierno», dijo la vicepresidenta en una charla informal con periodistas.

Soria y Montoro se enfrentan por cuestiones muy concretas. El titular de Hacienda defiende que corresponde a su departamento el diseño de los impuestos, y que su recaudación ha de ser básicamente finalista. Es decir, que los ingresos tributarios se destinan a la caja común de los gastos. El responsable de Industria, mientras tanto, ha aireado un proyecto de reforma energética que incluye un gravamen sobre el gas natural, y anunciado que la recaudación irá directamente a enjugar el déficit... eléctrico, y no el déficit público. Tal como figura en el plan bienal remitido a Bruselas, los 1.000 millones que el Gobierno se ha propuesto recaudar con nuevos impuestos sobre hidrocarburos se destinarán a reducir los números rojos de las cuentas públicas.

Más técnica es la otra gran diferencia de criterio de los ministros. Industria parece haberse decantado por aplicar a las empresas de generación un impuesto en función de su facturación y no de su producción. Las tecnologías tradicionales -nuclear, térmica convencional y de ciclo combinado, hidroeléctrica- producen mucho más que las renovables, pero facturan menos, porque su precio no incorpora primas. El borrador de reforma difundido desde el Ministerio de Industria incluye una penalización a nucleares e hidráulicas, pero acaba por contrarrestar parte de las primas que reciben las renovables con una fiscalidad más elevada.

Montoro insiste en que le corresponde el diseño de los impuestos. «Si fueran selectivos, nos llevarían a problemas legales», argumentó, en contra de la discriminación a las renovables.