Paripé de comisión

La comisión del parlamento andaluz que investiga las presuntas irregularidades en los ERE se desarrolló ayer en Sevilla tal y como se preveía. Un auténtico 'paripé' en el que nadie declaró absolutamente nada que le pudiera comprometer en lo más mínimo. Es evidente que el gobierno de coalición PSOE-IU actúa de cara a la galería, tratando de mostrar una imagen de trasparencia que nada tiene que ver la realidad. Ayer, Díaz (exdiputado del PSOE-A y asesor de la Consejería de Empleo), Antonio Diz-Lois Ruiz (exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo) Fernando Mellet (exgerente de Mercasevilla) se acogieron a su derecho a no responder a las preguntas y no aclararon absolutamente nada.

Exactamente igual que ocurrirá en la segunda sesión que se celebra hoy, en la que están citados a comparecer Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, encarcelado desde el 9 marzo por la juez que lleva en los tribunales este caso, y del exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas. Y aún quedarán dos días más de declaraciones en los que la provincia tendrá un papel preponderante, aunque sólo sea porque dos de los citados tienen una fuerte vinculación con Cádiz.

Por un lado, el que fuera delegado del Gobierno Andaluz en la provincia, Agustín Barberá. Y por otro el jerezano Antonio Fernández, exconsejero de Empleo que abandonó la prisión hace escasos días tras abonar una fianza de 450.000 euros que, según su versión, han aportado sus «amigos».

Más que previsiblemente, ninguno de ellos aclarará absolutamente nada, al igual que el resto de imputados, y habrá que esperar a que la justicia, encarnada en la juez Alaya, sea la que esclarezca el mayor escándalo de la historia de la Junta de Andalucía. Millones de euros administrados de forma fraudulenta para, presuntamente, favorecer a familiares y a personas cercanas a altos cargos del Partido Socialista.