Montoro y Soria se enfrentan por la reforma energética

Guerra abierta entre los ministros de Industria y Hacienda por la reforma energética. Era un secreto a voces que las diferencias en el seno del Gobierno habían aplazado unos cambios «urgentes» anunciados para la segunda mitad de julio. La necesidad de atajar el enorme déficit de tarifa acumulado -24.000 millones, a los que podrían sumarse otros 5.000 a finales de año- no ha impedido que la confrontación haya saltado a los medios con declaraciones de los protagonistas. Cristóbal Montoro arremete contra su compañero de Gabinete recordándole que él tiene «la última palabra en la creación de impuestos». José Manuel Soria le replicó que las propuestas para la reforma energética son de su estricta competencia.

Fuentes del sector ayudan a esclarecer las diferencias. La posibilidad de establecer un recargo más elevado a las energías renovables que al resto de las tecnologías de generación, defendida por el ministro de Industria, no solo ha levantado en armas a fondos de inversión norteamericanos, que apostaron fuerte por esta tecnología, sino que también se enfrenta al ministro de Hacienda.

Antes de volver a la política, Montoro participó en una consultora -de la que aún forman parte su hermano Ricardo y el hermano del jefe de su gabinete, Felipe Martínez Rico- que cuenta entre sus clientes con Abengoa, compañía sevillana volcada en las energías limpias. Montoro arremetió contra la posibilidad de aplicar una tasa a las renovables por considerarla una medida discriminatoria. En entrevista telefónica con la agencia Bloomberg, realizada el 16 de agosto, explicó que podría acarrear problemas legales, y añadió que se había opuesto a su aplicación desde el primer momento. Desde su ministerio aclararon después que «las competencias a propósito de la reforma del sector energético están muy bien delimitadas», porque a Industria le toca determinar las primas a las energías que son objeto de financiación pública.

A este reconocimiento añadieron que «cuantas propuestas realice en materia fiscal han de estudiarse «en coordinación con el Ministerio de Hacienda», e insistieron en que «las posibles medidas contenidas en la reforma del sector energético no han sido tratadas todavía, en ningún órgano del Gobierno» porque, hasta la fecha, solo se han producido «contactos informales». El hasta ahora imposible consenso será, en definitiva, determinante.

Dos compañías de renovables, Acciona y Abengoa, se dispararon ayer en Bolsa y lideraron las subidas del Ibex-35 animadas por las declaraciones del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Los títulos de Acciona se apuntaron una subida del 7,36%, hasta los 40,7 euros, y los de Abengoa repuntaron un 6,7%, hasta los 14,42 euros.

Pero el titular de Hacienda había ido más allá, al denunciar que su colega de Gabinete hubiera filtrado a la prensa la posibilidad de que se cobre un 'céntimo verde' sobre el consumo de gas natural, dejando de lado su aplicación sobre los combustibles de automoción. «Han aireado esta idea en los medios, pero yo tengo la última palabra (en la creación de impuestos) y no hay nada decidido», acusó. Añadió el responsable del fisco que lo decisivo a la hora de resolver la financiación de la economía española es el déficit público, y no el tarifario. Desde el principio, el titular de Hacienda ha defendido tasas e impuestos no finalistas, en los que la recaudación vaya a la caja común, y no a restaurar el equilibrio entre ingresos y gastos del sistema de generación eléctrica.

La reacción del ministro Soria fue inmediata e inusualmente contundente. Desde Las Palmas de Gran Canarias recordó a Montoro que «las competencias en el seno del Gobierno están muy bien delimitadas y cualquier tipo de propuesta o medida en materia de reforma energética corresponde al Ministerio de Industria, sin perjuicio de que hay otros departamentos, fundamentalmente de contenido económico, que lógicamente tienen que opinar». Limitó, por tanto, el papel de Hacienda a una opinión. Soria añadió que la reforma «está hecha, está diseñada por el Ministerio de Industria», aunque reconoció que deberá ser aprobada «de manera colegiada por parte de todo el Gobierno».