Mellet asegura que es objeto de una «persecución» por motivos políticos

El exgerente de la empresa municipal Mercasevilla Fernando Mellet ha asegurado hoy que en el caso de los ERE está siendo objeto de una "persecución personal" con "total ausencia" de garantías jurídicas, lo que ha atribuido a una batalla política de los grandes partidos para alcanzar el poder.

En su comparecencia, la tercera y última de la primera sesión de la comisión de investigación parlamentaria sobre los ERE falsos, Mellet se ha acogido a su derecho a no declarar al estar imputado por la juez Mercedes Alaya, aunque ha defendido su inocencia.

"No he tenido ni responsabilidad política ni administrativa en ninguna administración. Sin embargo, dada la situación, he de decir que no he tenido ninguna capacidad de decisión política ni administrativa", ha asegurado.

Mellet ha calificado de "ilegal" la grabación realizada en el interior de su despacho por dos empresarios y ha denunciado que se ha utilizado políticamente y que han "violado" sus derechos constitucionales.

De hecho, ha denunciado que está siendo objeto de una "persecución personal", lo que ha achacado a la "batalla política de los grandes partidos" para alcanzar el poder por denunciantes "interesados".

La juez Mercedes Alaya acusa al exgerente de la empresa municipal de participar en la inclusión de intrusos en el ERE de Mercasevilla en presunta connivencia con la consultora Vitalia.

Mellet está imputado en los cuatro sumarios vinculados al fraude y este otoño afrontarán un juicio sobre un intento de soborno de más de 400.000 euros a dos empresarios hoteleros, los que presuntamente realizaron la grabación.

El testimonio de Mellet, un texto leído en unos 30 minutos, se ha se limitado a intentar explicar su papel en la tramitación de los ERE de Mercasevilla en 2003 y 2007, aunque solo el primero de ellos contó con subvención de la Junta.

"Me he sentido vilipendiado y denigrado en mis derechos, siendo víctima de un escarnio público sin la más mínima consideración a mi familia y a mi persona", ha lamentado.

Después de recordar que ha recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional para intentar anular las grabaciones, ha negado tener conocimiento de las ayudas sociolaborales y manifestado categóricamente que no detectó actuación irregular alguna en los ERE de Mercasevilla.

"Estas actuaciones estaban controladas por la Consejería de Empleo y en todo momento fueron dictadas sin haber sido anuladas. Ni el exdelegado provincial de Trabajo Antonio Rivas ni el consejero Antonio Fernández tuvieron más intervención que la concesión y autorización del ERE del 2003 y su continuación en el 2007", ha señalado.

El exgerente ha lamentado que la Consejería de Empleo aceptara "como válida" la grabación "ilegal", lo que, a su juicio, cambió su postura cuando antes no había puesto objeciones a los expedientes.

"Los pagos comprometidos por Guerrero (exdirector general) destinados a abonar las pólizas de 2007 se dejaron de abonar en teoría para centrar el foco de atención a Mercasevilla desviándolo del verdadero, como ha quedado probado con la investigación judicial", ha precisado.

Por ello, ha sostenido que su intervención se redujo a mantener varias reuniones con las personas "competentes" y que en "ningún caso" participó en las reuniones entre trabajadores y aseguradoras que proponía la Junta ni tuvo relación con Francisco Javier Guerrero sobre los pagos que este realizó en representación de la administración autonómica.

También ha negado haber tenido contactos con los representantes de las aseguradoras y ha recalcado que su trabajo se limitó a "representar" a la empresa Mercasevilla.