La Policía sudafricana se deshace de los manifestantes

Ya no queda ni rastro de los 3.000 mineros que reclamaban una mejora salarial en la mina de Marikana, en el noroeste de Sudáfrica, durante los últimos diez días. Ayer, los militares eran los únicos que ocupaban la zona y apenas quedaban evidencias de la tragedia que había tenido lugar pocas horas antes en las inmediaciones de este yacimiento de platino de la empresa británica Lonmin.

Los datos definitivos revelan que la violenta actuación policial acabó con la vida de 34 trabajadores y dejó al menos ochenta heridos. Veinticuatro horas después, mucha gente todavía vagaba por el lugar del suceso en busca de información o indicios de dónde están sus familiares y amigos. Y es que 259 personas aún permanecen detenidas.

El fatídico incidente tuvo lugar cuando las fuerzas de seguridad trataban de disolver la concentración. Habían colocado alambres de espinos para dividir en pequeños grupos a los manifestantes y cuando rompieron ese cerco comenzó el tiroteo. La Policía sudafricana alegó defensa propia. «El grupo de militantes cargó contra los agentes, disparando y blandiendo armas peligrosas», sostuvo un portavoz policial.

Peor matanza

Los vecinos creen que las fuerzas de seguridad solo buscaban venganza por el asesinato a machetazos de dos policías días antes. Las familias de los muertos, muchas de las cuales sobreviven en humildes chabolas, apuntan que las únicas armas que portaban eran palos y lanzas caseras. «Han venido aquí para matar a nuestros maridos, a nuestros hermanos. ¡A nuestros hijos!», clamaba una desconsolada madre.

Pocas horas después del tiroteo, y cuando se contabilizaban 18 cadáveres, el presidente sudafricano, Jacob Zuma, puso rumbo a una cumbre de jefes de Estado en Mozambique. Vista la repercusión internacional que adquirió el tema -gracias a la presencia de varias agencias de prensa internacionales- y que el número de muertos casi se había duplicado, ayer, el mandatario tuvo que dar media vuelta para acudir a Marikana. En una comparecencia ante los medios de comunicación, solo notificó que se creará una comisión para investigar lo sucedido.

Muchos evocaron los tiempos del 'apartheid' y subrayaron que la masacre del jueves es la más sangrienta desde el fin de la segregación racial, en 1994. Pero mientras Lonmin, propietaria de la mina, veía cómo sus acciones caían en la Bolsa de Londres, consideró la matanza «una cuestión de orden público más que de relaciones laborales» y obvió que sus trabajadores buscaban una subida salarial de 4.000 rands (393 euros) a 12.500 rands (1.230 euros).