Zoido defiende que se exija pagar por la sanidad a los inmigrantes en situación irregular

El presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, defendió ayer la medida propuesta por el Gobierno de la Nación sobre que los inmigrantes irregulares paguen por el servicio de sanidad, ya que, según apuntó, el Ejecutivo de Mariano Rajoy está actuando ante la posibilidad de que el sistema de salud se convierta en «inviable».

Zoido consideró que hay que buscar «los ajustes necesarios» para que ello no ocurra, si bien, quiso dejar claro, que en cualquier tipo de urgencias o embarazo los inmigrantes irregulares tendrán garantizada la asistencia sanitaria de manera gratuita.

«Al igual que los españoles pagan la sanidad a través de sus impuestos, también tendrán que afrontar un determinado gasto quienes hayan venido de otras nacionalidades», apuntó el líder de los populares andaluces, que consideró que «en el término medio se encuentra la virtud».

Para Zoido «hay que saber buscar esos equilibrios en lo social y económico», e insistió en que en casos de urgencia el derecho a la asistencia «siempre estará por encima». «No es menos justo que también tengan estas personas una contraprestación igual que la tienen el resto de los españoles», concluyó.

Por otro lado, el presidente del PP-A pidió a la Junta que sea «responsable» y «sensata» en la contención del gasto público y del déficit, y le instó a que los recortes sean los menores posibles en educación y sanidad. Además, subrayó que, «sin querer dar lecciones a nadie», en sanidad y educación deben mantenerse la mayoría de las prestaciones.

Tras asegurar que la Junta «tiene mucho margen» para hacer recortes, Zoido señaló que se debe «huir de la demagogia» cuando desde la administración andaluza se afirma que se tendrán que cerrar colegios y hospitales por las obligaciones presupuestarias.

Respecto a las negociaciones entre la Junta y el Gobierno para reducir en 2.700 millones de euros el presupuesto andaluz, Zoido mostró su esperanza en que «lleguen a buen puerto», y apuntó que no quería hacer una «valoración precipitada» de cómo van para «no poner trabas en el camino».

Aseguró que el PP-A mantendrá «lealtad institucional» con el Gobierno de España y con la Junta, a la que pidió «responsabilidad» y que «sea consciente de que no se puede pedir un trato discriminatorio en favor de nadie», por lo que pedirá un «trato igualitario» para todas las comunidades.