Ecuador redobla el desafío de Assange

El Gobierno ecuatoriano de Rafael Correa rompió ayer la negociación que mantenía con el de Reino Unido para resolver la situación de Julian Assange, refugiado desde hace dos meses en la Embajada del país latinoamericano en Londres tras perder su recurso contra la orden judicial de extradición a Suecia, y anunció la concesión de asilo diplomático al patrón de Wikileaks.

La noticia llegó después del adelanto, el miércoles, por medios de comunicación que citaban fuentes oficiales en Quito de la inminente decisión del Gobierno de Correa y de la publicación de fragmentos de una nota británica que contendría, según el Ejecutivo de Ecuador, una amenaza de Londres sobre una entrada por la fuerza en la sede diplomática para detener a Assange.

El ministro ecuatoriano de Exteriores, Ricardo Patiño, basó la decisión de conceder el asilo en once argumentos, que van de vulneraciones procesales en Suecia a la falta de protección de los derechos de Assange en Reino Unido o Australia y hacen hincapié en la posibilidad de un «trato cruel y degradante» o de ser condenado a cadena perpetua o a la pena de muerte si es extraditado a EE UU. En ese contexto, dijo el canciller de Quito, «a pesar de las gestiones diplomáticas realizadas por el Estado ecuatoriano, los países de los que se han requerido garantías para proteger la seguridad y la vida del señor Assange se han negado a facilitarlas». Ambos gobiernos habían celebrado ya siete reuniones y tenían planeada otra para ayer mismo.

Julian Assange fue detenido en diciembre de 2010 en Londres después de presentarse voluntariamente en una comisaría, como consecuencia de una orden europea de arresto dictada por Suecia ante la negativa del patrón de Wikileaks a regresar al país escandinavo para responder a una investigación sobre supuestos delitos sexuales contra dos mujeres, denunciados en agosto de aquel año.

En junio pasado, tras perder todos los recursos en los tribunales británicos contra la orden de extradición, entró en la Embajada de Ecuador y pidió asilo, alegando que es víctima de una persecución para enviarlo finalmente a EE UU, donde sería juzgado por las filtraciones de Wikileaks sobre la conducta del Ejército estadounidense en la guerra en Irak o de cables diplomáticos. Había entrevistado días antes a Correa en su programa de televisión 'Russia Today'.

Sus abogados han pedido a las autoridades británicas y suecas una garantía pública de que no accederán a enviarlo a EE UU si se entrega para responder de los delitos sexuales. La nota que la diplomacia británica entregó el miércoles a la ecuatoriana confiaba en que Londres y Quito pueden llegar a un acuerdo que contemple la entrega voluntaria de Assange.

El ministro británico de Exteriores, William Hague, reiteró ayer que su Gobierno mantiene la intención de entregarlo a Suecia porque «Reino Unido está cumpliendo con las obligaciones de la ley de extradición europea y con la ley doméstica», explicó que no reconoce el asilo ofrecido por Ecuador y que su intención es detener al fundador de Wikileaks.

El asalto a la Embajada

La concesión de asilo no cambia la situación de Assange, que podría ser arrestado si abandona la Embajada de Ecuador, aunque Baltasar Garzón, que se ha sumado al equipo legal que lo defiende, afirmó ayer que quiere llevar al Tribunal Penal Internacional una denuncia contra Londres por no ofrecerle un salvoconducto para viajar a Quito.

El jefe de la diplomacia británica descartó también que Reino Unido esté considerando un asalto de la Embajada de Ecuador para detener a Assange. La nota del miércoles, según Hague, pretendía simplemente ofrecer el contexto legal, pero la invocación de una ley de 1987 que estipula la posibilidad de retirar a una sede diplomática la inmunidad causó asombro. El Foreign Office afirma que la Convención de Viena sobre el estatuto de los diplomáticos no contempla la concesión de asilo a una persona perseguida por un delito común y menciona que la ley británica permite retirar la inmunidad si una legación no ejerce las funciones habituales de los diplomáticos. Pero es un procedimiento que ha de comunicarse con antelación al país afectado.

Ecuador aseguró que denunciará la nota británica ante organismos internacionales, lo que representa un golpe a la línea de apertura emprendida por el actual Ejecutivo de Londres hacia Latinoamérica, donde gobiernos anteriores habían cerrado embajadas. A la disputa sobre las Malvinas se añade ahora el 'caso Assange' para perturbar esas iniciativas.

Mientras tanto, en Hans Crescent, la calle de la legación ecuatoriana, bajo la sede de la Agregaduría Militar española, en una zona contigua a los grandes almacenes Harrods, el 'impasse' va camino de prolongarse, animado ayer por la congregación de medios de comunicación del mundo entero y unos cincuenta simpatizantes de Assange y de Correa.