Barcelona endurece las multas para los clientes que busquen prostitutas en la calle

Barcelona se propone erradicar la prostitución de sus calles. La modificación de la ordenanza de convivencia en el espacio público de la Ciudad Condal que prevé vetar esta práctica entrará en vigor hoy después de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). La nueva normativa contempla multas más altas para los solicitantes de favores sexuales y los proxenetas, si bien para las prostitutas se estipulan sanciones menores.

La demanda y ofrecimiento de servicios sexuales en el espacio público está prohibido en Barcelona desde que entró en vigor la ordenanza de convivencia en 2006, aunque ahora se endurecen las sanciones a los clientes con el fin de acabar con la demanda.

Para las prostitutas, la sanción será de 100 a 300 euros por ofrecer o aceptar prestar servicios sexuales retribuidos en la calle, y de 300,01 a 750 si se hace a menos de 200 metros de una escuela. Mientras, para los clientes que pidan o negocien, y cualquier conducta que promueva la prostitución callejera, la multa será de 1.000 a 1.200 euros, y de 1.200,01 a 1.500 si se produce a menos de 200 metros de una escuela. Si se mantienen relaciones sexuales retribuidas en la calle, la sanción será de 1.500,01 a 3.000.

Sin aviso previo

Un cambio primordial en la ordenanza es la eliminación del aviso previo de la Guardia Urbana, y que hasta ahora solo si es desatendido derivaba en multa, aunque los primeros días de la entrada en vigor de la medida serán informativas y la policía barcelonesa no aplicará las sanciones.

Las prostitutas podrán conmutar la multa si participan en un curso de inserción de la Agencia por el Abordaje Integral del Trabajo Sexual, lo que llevará a desarrollar un reglamento para garantizar su buena aplicación. A través de esta agencia, el Ayuntamiento se propone seguir potenciando la atención a este colectivo de mujeres, ya que, según afirma el consistorio, su protección «es una prioridad del gobierno municipal y, por eso, este año se ha incrementado un 67% el presupuesto destinado a atenderlas», según recoge Europa Press. El endurecimiento de la norma salió adelante definitivamente en el pleno de julio tras haber sido negociado entre CiU y el PP, que ha llevado la batuta de la modificación de la ordenanza del civismo para lograr la prohibición total de esta actividad, y el 'no' de PSC, ICV-EUiA y UpB.