La anulación de la 'doctrina Parot' dejaría libres a 57 presos etarras

La confirmación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la sentencia que condena a España por la aplicación de la 'doctrina Parot' provocaría la excarcelación inmediata de 57 etarras, entre ellos varios dirigentes de la banda terrorista o autores de masacres como la de Hipercor en Barcelona, de la que en junio se cumplió 25 años.

La Audiencia Nacional, el tribunal que condenó a estos reclusos y alargó el cumplimiento de sus penas en virtud de dicha doctrina, bendecida luego por el Tribunal Supremo y el Constitucional, anticipó ayer que la derogará en caso de que la Gran Sala de la corte europea rechace el recurso que presentará el Gobierno en septiembre.

Dicho recurso debería ser admitido o denegado por cinco magistrados diferentes a los que intervinieron en primera instancia, en un plazo de unos tres meses. En caso de que sea admita, este órgano suele tardar entre un año y dos para tomar una decisión definitiva sobre la apelación. El anuncio de la Audiencia Nacional partió de la Sala de Vacaciones, habilitada en el mes de agosto para resolver asuntos urgentes, en respuesta a la Justicia británica por el caso concreto del etarra Antonio Troitiño, preso en Londres.

El recluso está reclamado por la Audiencia Nacional para que cumpla su condena hasta 2017 en aplicación de la 'doctrina Parot', que aplica los beneficios penitenciarios sucesivamente a cada condena y no sobre el máximo de 30 años de cumplimiento. Lo que en la práctica alarga entre ocho y doce años la estancia en prisión de los reos.

De esta manera, los magistrados han vuelto a calcular la liquidación de condena de 83 terroristas desde que el Supremo bendijo la nueva fórmula en 2006. De estos, 66 siguen en prisión, de los cuales 57 serían excarcelados de forma inmediata si la corte europea confirma la sentencia y otros nueve agotarían sus condenas entre 2013 y 2020.

Del grupo que serían excarcelados por la Audiencia Nacional estarían, entre otros, sanguinarios etarras de los años ochenta y noventa, algunos con más de una veintena de asesinatos a sus espaldas. Este es el caso de Juan Lorenzo Lasa Michelena, 'Txikierdi', que fue jefe militar de ETA; Isidro Garralde, 'Mamarru', jefe de adiestramiento; José Antonio López Ruiz, 'Kubati', asesino de la exdirigente etarra 'Yoyes'; las miembros del 'comando Madrid' Inés del Río e Inmaculada Noble; Domingo Troitiño, uno de los autores de la masacre de Hipercor en Barcelona; o Ignacio Pujana Alberdi, jefe de comandos entre 1985 y 1987.

Los que seguirían en prisión pero con sus condenas reducidas son, entre otros, Henri Parot (que da nombre a la doctrina), que saldría en 2017, ya que fue condenado de nuevo en 2007 por pertenencia a ETA; José Javier Zabaleta Elósegi, 'Baldo', exjefe etarra, que sería excarcelado en 2018; o el también exdirigente Santi Potros, en 2020.

Miguel Ricart

Las consecuencias de la anulación de la 'doctrina Parot' por parte de la Audiencia Nacional también tendría efectos en otras audiencias provinciales, pero para casos diferentes al terrorismo etarra. En la actualidad distintas órganos ordinarios han aplicado la doctrina a un centenar de presos comunes, aproximadamente.

Se trata de violadores, asesinos, narcos o grandes atracadores que fueron condenados a decenas de años de cárcel por múltiples delitos cometidos antes de 1996, cuando se reformó el Código Penal y desaparecieron las reducciones de condena por estudios y trabajo.

Uno de los casos más llamativos es el de Miguel Ricart, condenado a 170 años de prisión por el triple crimen de las niñas de Alcàsser en 1992. El preso debería haber sido excarcelado en mayo de 2011, pero la Audiencia de Valencia, a instancias de la Fiscalía, decidió aplicarlo el nuevo sistema de redenciones de pena para que no saliera de la cárcel hasta enero de 2023.

Otro que se beneficiaría sería Pedro Luis Gallego, más conocido como el 'violador del ascensor de Valladolid', que tenía que haber abandonado la prisión en diciembre de 2008 tras haber cumplido 16 años de cárcel de los 2.728 a los que fue condenado.

La Audiencia de Burgos le aplicó la 'doctrina Parot' para que continuara entre rejas hasta 2022 por el asesinato de la joven burgalesa Marta Obregón en 1993, la muerte de la joven vallisoletana Leticia Lebrato en 1992 y 18 violaciones más. El Supremo avaló posteriormente esta decisión.