El PSOE llevará al TC la exclusión de los 'sin papeles' del sistema sanitario

El Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse sobre la exclusión de los 'sin papeles' del Sistema Nacional de Salud. Al menos, esa es la intención del PSOE, que anunció ayer que estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa que entrará en vigor el 1 de septiembre. La batalla judicial que plantea el principal partido de la oposición es una medida más de presión al Gobierno que se une a los centenares de médicos objetores, la rebelión de algunas comunidades autónomas o las manifestaciones anunciadas por asociaciones de inmigrantes.

«Interpondremos un recurso de inconstitucionalidad por vulneración de derechos de los inmigrantes», aseguró el secretario de relaciones institucionales y política autonómica del PSOE, Antonio Hernando. De esta forma el partido de Alfredo Pérez Rubalcaba decide involucrarse de lleno en la lucha contra los planes de Sanidad y convertir la expulsión de los 'sin papeles' de la cobertura pública sanitaria en un ejemplo de las consecuencias de los recortes del Gobierno. El futuro recurso jurídico va en la línea de lo solicitado por diversas asociaciones de inmigrantes, partidarias de paralizar la aplicación del decreto.

Hernando aseguró que retirar la tarjeta sanitaria a los 'sin papeles' e imponerles una tasa para atenderles es «inmoral, injusto e ineficaz» y auguró que a la larga acabará generando más gastos a las arcas públicas. Y es que los socialistas ven en la obligación de los 'sin papeles' de pagar 710 euros al año (59,20 al mes), hasta 1.864 (155,40 al mes) si son mayores de 65 años, para suscribir un convenio que les permita acceder al Sistema Nacional de Salud, como un ejemplo de copago en sanidad que podría extenderse en un futuro a más colectivos. Además, los socialistas acusaron al PP de recurrir a la «xenofobia» y avivar al miedo a la inmigración para recuperarse de las últimas encuestas desfavorables.

El silencio mantenido por los máximos responsables del Ministerio sobre este tema solo ha contribuido a generar más confusión. El PSOE recriminó a la ministra de Sanidad, Ana Mato, su silencio y le acusó de estar escondida. Y es que en los último días las declaraciones del Ejecutivo y el PP, no siempre coincidentes sobre este decreto, han servido para dar una sensación de improvisación aún mayor.

El problema para el Gobierno es que las dudas sobre la conveniencia de la medida alcanzan incluso las filas del PP. El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, mostró ayer su rechazo a disminuir la asistencia sanitaria al colectivo de inmigrantes sin permiso de residencia. «Antes de tomar una decisión, primero voy a ver qué resquicio legal tenemos, y en base a eso, actuaremos», aseguró el presidente gallego. Feijóo también recordó que España es uno de los pocos países de la UE en los que «a nadie» se le va a negar una asistencia en la que esté en riesgo la vida de un paciente.

Discrepancias

Sin embargo, un día más las discrepancias se repitieron en el seno del partido del Gobierno. Y es que el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, advirtió ayer de las consecuencias de no respetar la ley. «Naturalmente aquellos extranjeros que están en situación irregular en nuestro país y no tienen capacidad de regularizar su situación no pueden permanecer aquí», defendió. Después matizó sus palabras al garantizar que España es «un país civilizado» en el que «nunca se ha dejado de atender a nadie» y donde «siempre se presta atención sanitaria a todo el mundo».

Ante el aluvión de críticas en los días previos el Gobierno trató de rebajar la tensión y anunció el viernes que los 'sin papeles' con enfermedades crónicas seguirán siendo atendidos. La factura de su tratamiento se enviará a los países de origen, según anunció el director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero. La iniciativa obtuvo rápidamente el aplauso de los médicos objetores como el de la Sociedad Españolas de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

Sin embargo, la fórmula, que se realiza a través de convenios bilaterales de colaboración, es muy complicada de llevar a cabo. El primer obstáculo es conocer la nacionalidad del inmigrante irregular, algo que no siempre ocurre. Después, tener un acuerdo con el país de origen que permita realizar esa operación y que en la mayoría de los casos no sucede así. Es decir, todo parece un nuevo brindis al sol.