El juego ilegal mueve en la provincia una media de 16 millones de euros al año

Se aprovechan de la reputación de otras entidades para sacar el máximo partido. Sacan punta de la confianza y de la confusión de los compradores a través de sorteos que imitan cupones de la ONCE o con loterías cuyos fondos se afirman que están destinados a ayudar a personas con algún tipo de discapacidad. Una confusión que movió una media de 16 millones de euros en 2011 tan solo en la provincia gaditana, según un informe de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Desde la Delegación Andaluza, su portavoz Patricio Cárceles, explicó que «Cádiz sigue siendo la cuna del juego ilegal a pesar de los pasos que están dando las administraciones para combatirlo». Los datos respaldan sus palabras. La organización calcula que estos operadores que actúan sin autorización legal administrativa en Cádiz realizan, con la ayuda de unos 475 colaboradores, unas ventas de 304.750 euros a la semana, el 56% de la recaudación total de Andalucía y el 16,29% de toda España.

Es cierto que los ingresos fraudulentos que se obtienen a través de cupones, papeletas y bingos clandestinos ha ido descendiendo en los últimos años pero esta situación se achaca sobre todo a la situación de crisis que padecen sus compradores y que también está sufriendo el juego legal. Según los datos nacionales, desde 2008 han dejado de ingresar unos cuatro millones de euros menos. De los 76 millones de euros que se estiman que obtuvieron en 2008 la cifra ha bajado a los 68 millones de euros en 2011 a nivel nacional. Un descenso que todavía sigue haciendo «mucho daño» a los operadores legales, sobre todo a los pequeños como la ONCE.

Desde esta entidad trabajan para denunciar estos fraudes que se aprovechan «de la confusión de los consumidores». Un aspecto que «afecta directa y gravemente a sus derechos básicos porque los dejan en una situación de indefensión». Como gran referente de este juego ilegal, el delegado territorial andaluz Patricio Cárceles sitúa a la OID, operador del que tienen constancia que existen diversas actuaciones administrativas con sanciones económicas incluidas. Según el informe de la ONCE los operadores «como esta organización transmiten a través de sus vendedores información errónea para que el cliente confunda sus productos con otros que se comercializan de forma legal». Para ello utilizan réplicas de imágenes, mensajes publicitarios y copian las mecánicas del juego y las estructuras teóricas para hacer uso de los sorteos que si cuentan con la autorización pertinente. Además, a diferencia de los operadores como la ONCE, «sus juegos suponen una gran estafa porque de los cien mil números de cupones en venta no imprimen y por tanto no venden el 80%» limitando seriamente las posibilidades de que haya un ganador. De hecho, el informe recoge una mención del Ministerio de Justicia e Interior sobre los «boletos de la OID»los cuales «carecen de pie de imprenta, se elaboran clandestinamente y no ofrecen las garantías sobre la certeza del sorteo que pudiera dar derecho al premio».

Para el delegado territorial andaluz Patricio Cárceles, la situación empeora cuando para la venta de los boletos «el vendedor explota la pena o la lástima que pudiese dar su discapacidad, una aspecto que van en deterioro del colectivo». Cárceles admitió que la nueva Ley de Regulación del Juego ha contribuido a poner trabas a los operadores ilegales pero «aún queda mucho trabajo por hacer hasta acabar con la competencia desleal que suponen».