Oleada de médicos que se declaran objetores para atender a irregulares

Más de 900 médicos ya se han declarado objetores de conciencia contra el nuevo Real Decreto de Aseguramiento sanitario, de tal manera que seguirán atendiendo a 'sin papeles' pese a esta ley que, a partir del 1 de septiembre, restringirá la asistencia a diversos colectivos, entre los que se encuentra el de los extranjeros en situación irregular. Los doctores que se han sumado lo han hecho firmando un texto que aparece en la página web de la Sociedad Española de Médicos de Familia y Comunitaria (Semfyc): «Mi lealtad con los pacientes hace que no sea posible faltar a mi deber ético profesional e incurrir en el abandono. Entiendo que la objeción de conciencia, tal como se entiende actualmente en el contexto de la actividad profesional, es la negativa por motivos de conciencia a someterse a una conducta jurídicamente exigible (...) Es mi voluntad poder seguir atendiendo a las personas que son mis pacientes y que no tienen permiso de residencia».

Con esta declaración de intenciones, los profesionales sanitarios se han puesto a la cabeza de la rebelión que, desde ámbitos políticos y sociales, se alienta contra el Real Decreto que regula la condición de beneficiario del sistema sanitario en España. Este Real Decreto, que el Ministerio de Sanidad acaba de enviar a las comunidades autónomas para su estudio, obligará a tres grupos de población a suscribir convenios si quieren recibir atención. Se trata de los españoles que nunca hayan trabajado y tengan ingresos superiores a los 100.000 euros al año (los rentistas); europeos que voluntariamente quieran suscribir estos convenios; y, por último, nacionales de terceros países que durante su estancia en España quieran formalizar el convenio para ser atendidos por el sistema público.

Por tanto, los irregulares, igual que el resto de los miembros de los otros grupos de población concernidos, deberán formalizar un convenio que costará 710 euros al año (59,20 al mes), salvo en el caso de los mayores de 65 años, que tendrán que pagar hasta 1.864 (155,40 al mes). «La cuantía de la suscripción de los convenios se ha calculado de acuerdo a la metodología oficial de cálculo de coste de asistencia sanitaria por ciudadano, que es la misma aplicada a la facturación por la asistencia sanitaria prestada a ciudadanos de otros países europeos», detalla el Ministerio. La cantidad de 710 euros al año exigida a los 'sin papeles' es más elevada que la de muchos seguros privados en España.

Pero la redacción de la nota que el Gobierno ha enviado este martes para explicar el contenido del nuevo Real Decreto es confusa, ya que, unas líneas más abajo, explica: «En cuanto a los inmigrantes en situación irregular, el Gobierno les recuerda la necesidad de que regularicen su situación». Es decir, el Gobierno 'invita' a los inmigrantes a conseguir 'papeles' (algo, por otro lado, realmente complicado, de acuerdo a la legislación) si quieren recibir atención, pero mientras tanto los deja en un limbo sanitario, ya que tampoco aclara completamente si pueden suscribir los convenios; convenios para los cuales deberán dedicar una cantidad que se antoja muy alta para quien no tiene 'papeles' y, probablemente, cuente con unos ingresos muy bajos.

Este es el argumento que utilizó ayer el secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, para criticar el proyecto del Gobierno. «Es un copago claro y contundente contra un colectivo que tiene de por sí serias dificultades», asevera Romero, que esgrime el «deber deontológico» de los profesionales como principal argumento para seguir atendiendo a los 'sin papeles'. «Vamos a seguir defendiendo que todos los ciudadanos tenemos derecho a la atención sanitaria», subraya el secretario general de la OMC.

Los partidos políticos de la oposición también mostraron su completo rechazo a la norma que prepara el Gobierno del PP. La portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, achaca al proyecto de decreto con «agostidad y alevosía» y asegura que «acaba con el principio de universalidad del sistema». También IU y las asociaciones de inmigrantes mostraron su rechazo a la norma.