Las asignaturas pendientes de Rajoy

Que Rajoy retome el timón para evitar un segundo rescate de España y que convoque con urgencia un Consejo de Ministros extrordinario para aprobar en plazo la prórroga de la ayuda de 400 euros que cobran determinados parados una vez agotadas otras prestaciones. Lo reclamó ayer la portavoz del grupo socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, quien recordó las circunstancias vividas por José Luis Rodríguez Zapatero hace un año. Evocó que el anterior jefe del Ejecutivo apenas permaneció 24 horas en Doñana cuando optó por reincorporarse a su despacho, en «momentos muy difíciles», cuando existía grave riesgo de contagio ante el rescate de otras economías vulnerables de la zona euro. «Es increíble que, en la actual situación, el presidente haya salido de vacaciones», denunció.

En su conferencia de prensa del pasado viernes, dedicada a hacer balance y explorar las perspectivas, Mariano Rajoy omitió toda mención al plan de ajustes presupuestarios 2013-1014 remitido a Bruselas, que incorpora sorpresas que permitirán alcanzar un abultado recorte de 50.000 millones en su segundo año de vigencia. También eludió responder a las preguntas sobre la continuidad de los 400 euros. La conclusión de este programa el 15 de agosto, y la percepción muy extendida en los mercados de que el Gobierno ya no descarta la petición de un nuevo rescate -suave, eso sí- de España, tras el auxilio bancario de 100.000 millones de euros, han dado alas al PSOE para exigir al jefe del Ejecutivo que interrumpa sus vacaciones de inmediato.

«Cobardía política»

El PSOE cree que el Gobierno tiene que trabajar sin bajar la guardia para evitar un nuevo rescate, ahora global, de la economía española y no resignarse a tener que solicitarlo. «Ningún país quiere ser rescatado, porque esa operación trae consigo la pérdida de la credibilidad y de la reputación, así como una serie de condicionamientos que tendrá que pagar toda la sociedad, pero afectará sobre todo a las clases medias y a los colectivos más vulnerables», argumentó la portavoz socialista. Por añadidura, las exigencias impuestas «llevarán a acentuar la caída en la recesión, cuando necesitamos justamente lo contrario», concluyó.

La representante socialista fundamentó su exigencia de una reunión extraordinaria del gabinete en la necesidad de hacer frente a la situación de los parados que no podrían recibir la ayuda de 400 euros al mes durante medio año si se diera por concluido el plan Prepara en su fecha de vencimiento. Ante la actitud de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, el PSOE piensa que el Gobierno del PP se decantará por la «cobardía política» de acudir al silencio administrativo y dar por extinguido el programa sin ofrecer otras explicaciones.

Desde esta sospecha, el principal grupo de la oposición se ha puesto en marcha, convencido además de que el colectivo vulnerable se va a ampliar. A los 450.000 del total protegido se ha llegado con incorporaciones de una media de 30.000 parados al mes. Pero tras la supresión de la prestación especial para desempleados mayores de 45 años, y ante los límites establecidos al acceso a la renta activa de inserción, los potenciales necesitados podrían elevarse hasta 50.000 cada mes.

Hasta 2013

«Son personas a punto de cruzar la débil línea que les separa del abismo de la total vulnerabilidad», lamentó Rodríguez. Por todo ello, el grupo parlamentario socialista ha presentado en el registro del Congreso una proposición no de ley para demandar la prórroga «al menos hasta el 15 de agosto de 2013». Por cuestiones de procedimiento, conoce bien que esta iniciativa no podrá ser debatida hasta septiembre. «Ese es el instrumento que tenemos», reconoció.

Otros argumentos llevan al PSOE a reclamar urgentes explicaciones del Gobierno. El plan presupuestario bianual remitido a Bruselas, que contempla ajustes de 102.000 millones concentrados en los dos próximos años, tiene una 'letra pequeña' que, relacionada con determinadas medidas ya en marcha, ha levantado todas las alarmas en muchos sectores.

En el caso de los empleados públicos, la desazón se suma a los contenidos del borrador de reglamento de los expedientes de regulación de empleo (ERE), que abre camino a esta fórmula cuando una Administración o empresa pública ve reducido su presupuesto en un 10% en el curso de un año. Su aplicación será moneda común en el marco de unas cuentas que han previsto reducciones de las transferencias corrientes -las destinadas al pago de personal- en torno al 25%.

El problema se agrava porque, según denunció Soraya Rodríguez, estos ERE solo pueden acabar en despidos allí donde no caben otros procedimientos como recorte de jornada, reasignación de tareas o movilidad. «Ningún empleado laboral, ni siquiera los que han accedido al puesto de trabajo mediante concurso-oposición, estará seguro». Y añadió que a esta primera fase de limpieza laboral seguirá la privatización de los servicios.