Factor de sostenibilidad en el sistema público de pensiones

El factor de sostenibilidad es el eufemismo ahora utilizado para recortar la pensión de jubilación y ajustar el coste de la misma a las nuevas circunstancias originadas por el aumento constante y progresivo de la esperanza de vida de los españoles, cifrado en la actualidad en 79 años para los hombres y 83 para las mujeres. El factor de sostenibilidad es una revisión del sistema de pensiones que posibilitará su adecuación permanente a las circunstancias económicas y demográficas de cada momento, dado el sistema financiero de reparto. Los cálculos existentes suponen que cada diez años, la esperanza de vida aumenta en un año. El factor de sostenibilidad será el fundamento de los ajustes financieros del sistema público de pensiones y posibilitará su viabilidad en el tiempo, siendo necesario para ello su revisión de forma periódica y permanente. Entre otros elementos se actualizaran cuando sea necesaria la edad de jubilación, el período obligatorio de cotización y el período de cálculo de la prestación, ajustándolo a todo la vida laboral del beneficiario y por lo tanto relacionándolos a sus propias bases cotizadas durante toda su vida. La primera estimación realizada con la modificación legislativa prevista, supondrá un recorte del 0,5% del PIB durante cinco años, lo que supondrá un ahorro de gasto en la pensión de 5.000 millones. Es evidente que ese ahorro supondrá un recorte equivalente en la pensión por el mismo importe. Eso es obvio, pero también absolutamente necesario. El problema que nuestro país padece de déficit y deuda, debe solucionarse por la reducción del gasto, posibilitando de esta forma la mejora de las dos magnitudes indicadas.

Todos los sistemas de Seguridad Social europeos que nacieron allá en los años cincuenta, sobre la premisa del Estado del Bienestar y con la implantación para su desarrollo fácil y rápido de un sistema financiero de reparto, están tocados, algunos más que otros, pero en la proyección de futuro de los próximos quince años, todos necesitan de reformas profundas que permitan su pervivencia en el futuro. La propia UE, más pronto que tarde establecerá su propia legislación, con una tendencia clara a la homogenización de las respectivas legislaciones nacionales, sobre la base de viabilizar el futuro de cada uno de los sistemas nacionales y garantizar la libre circulación de personas, sin que ello se vea distorsionado por exigencias distintas de Seguridad Social, que en caso contrario podrían provocar distorsiones en una de las libertades comunitaria básicas, la de la libre circulación de personas.

El paulatino envejecimiento de la población es uno de los grandes problemas para un sistema financiero de Seguridad Social de reparto como es el caso español. La proyección demográfica de la población española se asienta sobre la base de asignar una esperanza de vida cercana a los noventa y cinco años a los ciudadanos que ahora tiene cincuenta años. Ello supondrá que habrá muchos más ciudadanos cobrando la pensión y por mucho más tiempo. A medio y largo plazo la situación será insostenible, si no se acometen importantes reformas. La previsión hecha para el año 2050 es que el número de pensionistas duplicará al de cotizante, proyectando los requisitos actuales para causar derecho a la pensión. Extrapolando la situación al contexto macroeconómico, supondrá que el gasto en pensiones de jubilación pasará del actual 8% al 18% del PIB.

Las previsiones demográficas en España, la encumbra a un auténtico problema de Estado. Tanto en lo concerniente a l a situación de las pensiones en general y la de jubilación en particular. El problema se acrecienta cuando el sistema financiero que le sirve de base al sistema de Seguridad Social es el de reparto. Se fundamenta éste en el principio de solidaridad intergeneraccional. De ahí la imperiosa necesidad de modificar el sistema financiero tal y como hoy es conocido. Es decir, pasar del sistema de reparto puro hoy existente, a uno que compagine la existencia prevalente del de reparto con otro de capitalización, con la tendencia de que este último tenga una repercusión en el sistema global de un 30%. La entrada en el sistema financiero de la Seguridad Social española del sistema de capitalización, deberá se progresivo y exigirá sin duda un sobreesfuerzo a los trabajadores-cotizantes actuales y futuros, sobre la base y fundamento de que una parte al menos de sus cotizaciones sociales, incluidas las de desempleo, debieran ser consideradas auténticos salarios diferidos, que se capitalizarán y determinarán una renta individualizada que garantizarán el percibo futuro de la pensión, en al menos la cantidad capitalizada, que determinará una renta individualizada, en términos similares al funcionamiento de los fondos de pensiones. De esta forma se crea un sistema en el que la percepción de la pensión ya no dependería al menos en su integridad del concepto de «solidaridad de la generación» existente en cada momento, base del sistema financiero de reparto.

Se avecinan cambios importantes de regulación del sistema público de pensiones. La primera adoptada por el Gobierno para la adecuación y redimensión de la Administración Pública española, a través del Real Decreto-Ley de Estabilidad Presupuestaria y del Fomento de la Competitividad Empresarial, exigiendo la jubilación de los funcionarios incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, al cumplimiento de la edad de 65 años o cuando corresponda en la transición hasta los 67 años en 2027, se contradice abiertamente con el contenido de la reforma laboral auspiciada por el Gobierno, en la que se establece la prohibición de que en los convenios colectivos se fije una determina edad de desvinculación de los trabajadores de sus empresas para acceder de esa forma «obligatoria» a la jubilación. Lo cual es incoherente en el fondo con las previsiones de reformas consientes en la previsible adaptación de la protección social a la esperanza de vida, así como la drástica reducción de la jubilación anticipada, amén de impedir en lo posible el desmadre de las prejubilaciones. La Dimensión de la Administración Pública española es un lastre para toda la sociedad y exige una rápida y contundente solución, que no es otra que su reducción y adecuación a las auténticas necesidades. Su solución debe desconectarse de utilizar políticamente el sistema de pensiones. Son dos vías distintas con fines propios cada una. No confundamos churras con meninas.